Escrito por Magdalena Jiménez
Nicaragua se destaca en América
Latina y el mundo como uno de los países con mayores índices de igualdad
“porque aquí la Política de Género es una Política de Estado”, aseguró en
México la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos
Vanegas, al participar en México como expositora en el Primer Encuentro
Iberoamericano sobre Igualdad de Género e Impartición de Justicia.
La presidenta de la CSJ Dra. Alba
Luz Ramos Vanegas y la Secretaria Técnica de Género Dra. Ángela Rosa Acevedo,
durante su participación en el Primer Encuentro Iberoamericano sobre Igualdad
de Género e Impartición de Justicia, realizado en la Ciudad de México.
“La Política de Género en
Nicaragua es una Política de Estado, ya que se encuentra incorporada en el Plan
de Desarrollo Humano del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, con
estrategias, acciones y programas que contribuyen a superar las desigualdades
entre hombres y mujeres”, manifestó la presidenta de la Corte Suprema de
Justicia.
Al encuentro asistieron
presidentes, magistradas, magistrados y especialistas en temas de género de los
Poderes Judiciales de América Latina, España, Andorra y Portugal, además de
expertos provenientes de diversas instituciones y organismos internacionales.
La doctora Alba Luz Ramos
participó como expositora en la Mesa de Trabajo número uno, “Implementación de
políticas de igualdad de género y no discriminación en los poderes judiciales
iberoamericanos; intercambio de buenas prácticas”, donde expuso los avances que
han situado a nuestro país en un lugar destacado en Latinoamérica y el mundo.
Afirmó que “Nicaragua es el país
con mayor igual de género en América Latina y el Caribe y ocupa el décimo lugar
a nivel mundial, según el informe del Foro Económico Mundial 2013”.
“Los indicadores de igualdad de
género han mejorado en acceso a la salud, educación y participación política y
económica, reduciendo la pobreza de 42.5
a 29.6 por ciento y la pobreza extrema de 14 a 8.3 por ciento, lo que indica
para las mujeres las posibilidades de mejorar su calidad de vida”, manifestó la presidenta de la
Corte.
Exitosos resultados
La doctora indicó que “el Poder
Judicial de Nicaragua ha institucionalizado la perspectiva de género en la
actividad jurisdiccional, como política que conduce hacia una justicia
equitativa para mujeres y hombres”.
La institucionalización de la
política de género es una dimensión del proceso de modernización de esta
institución, que la aprobó en el año 2010 respondiendo a un mandato específico
de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobada por el parlamento
en el año 2008.
“El objetivo de la Política de
Género es la protección efectiva del goce y disfrute de los derechos humanos
establecidos en la legislación nacional e internacional para las mujeres”,
manifestó en el encuentro iberoamericano la presidenta de la CSJ.
La doctora Ramos expresó que los
resultados han sido un éxito total: “se han creado 22 juzgados especializados
de Familia y 18 juzgados de Violencia, todos con sus equipos
interdisciplinarios, mejoramiento de la infraestructura judicial y equipamiento
tecnológico”.
Agregó que “los jueces, juezas,
magistradas y magistrados especializados en Violencia han sido seleccionados
mediante concursos, también se aplica la perspectiva de género en la redacción
de las sentencias, contribuyendo de esta manera a mejorar nuestros estándares
de respeto a los derechos humanos”
Nicaragua se destaca en América
Latina y el mundo porque en nuestro país la Política de Género es una Política
de todo el Estado nicaragüense, manifestó en México la presidenta de la CSJ.
La Política de Género del Estado
Nicaragüense ha dejado como resultado el desarrollo de buenas prácticas, tales
la articulación y coordinación interinstitucional para elaborar leyes,
políticas y acciones conjuntas que promueven la protección y tutela de los
derechos de las mujeres, explicó la doctora Ramos.
Otro logro de la Política de
Estado es la aprobación de la Política de Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y de Género, elaborada por la Comisión Nacional
Interinstitucional de Lucha contra la Violencia, bajo el principio de debida
diligencia estatal, integralidad y corresponsabilidad.
