Tuvo que transcurrir casi un año
para que una pareja se pusiera de acuerdo en que lo mejor para su hijo de cinco
años no era un colegio costoso, sino uno escogido por ambos padres de común
acuerdo, conforme a las condiciones económicas de ambos.
Ante la jueza Noveno de Distrito
de Familia, María de los Ángeles Soza, los jóvenes reconocieron que el salario
que devengan actualmente “no se corresponde con la realidad económica actual”;
sin embargo, la joven insistía en mantener al niño en el mismo centro
educativo, pagando casi 1,500 dólares.
El conflicto entre J.D.M.M y la
madre de su hijo alcanzó su nivel más crítico, cuando ahogado por lo que
considera un gasto excesivo, el joven demandó la reforma de una sentencia
emitida hace cinco años, para que a partir del 2021 la elección del colegio sea
consensuada y los aranceles asumidos en partes iguales con la madre del niño.
Sin tomar en cuenta el punto de
vista del padre, a finales del año pasado A.P.S.H. pre matriculó a su hijo en
el segundo nivel de preescolar en un colegio privado, que en concepto de
aranceles cobra alrededor de 1,500 dólares, gasto que el demandante tuvo que
asumir.
Con el alegato de que está
obligado a garantizar la educación y el aprendizaje de un oficio o profesión
del niño, como establece el Código de Familia, A.P.S.H. acusó al demandante de
querer evadir su responsabilidad paterna, por negarse a asumir el pago requerido
por el colegio y de que causarle daño económico a ella y al niño, al pretender
cambiarle el nivel de vida al que está acostumbrado.
Durante el proceso, el demandante
planteó su desacuerdo con el pago del 50 por ciento de la mensualidad de su
hijo equivalente a 75 dólares, así como la necesidad de elegir un colegio más
económico, porque a ese paso “los gastos de primaria, secundaria y universidad
serán elevados” y no podría enfrentarlos.
J.D.M.M. propuso elegir un
colegio “más cómodo” para que su hijo estudie en el 2021, pero A.P.S.H. replicó
que si se elegía otro colegio privado, él debía asumir el cien por ciento del
pago, lo que fue rechazado por el demandante dado que espera a su segundo hijo
y debe ayudar económicamente a sus padres, uno de los cuales sufre invalidez de
por vida.
Invitación a dialogar
La judicial invitó a la pareja a
llegar a un avenimiento tomando en cuenta sus propias realidades, de manera que
al final los progenitores acordaron reformar el fallo judicial en lo relativo a
que el pago del 50% de los gastos de matrícula, pre matrícula, aranceles,
uniformes y útiles escolares al inicio de cada año lectivo será asumido por
ambos, así como que la decisión sobre el centro educativo (público o privado)
donde vayan a ingresarlo, será tomada por consenso y no de forma unilateral.
“Está científicamente comprobado
que el diálogo es la mejor solución a los conflictos, pero cuando las personas
no tenemos esa capacidad se desencadenan casos como estos; para matricular a un
hijo en un colegio privado, los padres deben hablar, tratando de conciliar sus
salarios y las circunstancias”, dijo la judicial a modo de reflexión.
Después de reconocer que “esto
llegó hasta aquí por falta de diálogo”, la demandada propugnó porque debido a
las circunstancias y “para que el niño tenga un mejor bienestar”, de ahora en
adelante las decisiones sobre su hijo las tomará en consenso con el padre.
Para J.D.M.M, la falta de diálogo
fue lo que falló desde el principio entre ambos y por eso, “me quedo con la
reflexión hecha por la judicial, de transmitirle a mi hijo la importancia del
diálogo”.
Aseguró que conoce gente que está
peor que él, pero estudia en universidades costosísimas, por lo cual andan
prestando a medio mundo. “¿Por qué no estudiar en una universidad pública y
esforzarse para ser un buen profesional?”, interrogó.
El joven enfatizó en que su
posición no debía interpretarse como tacañería. “Si a un hijo se le da más de
lo que necesita se le mal acostumbra y tenemos que saber que lo importante es
tenerlo bien en la medida de nuestras posibilidades; eso le servirá en su
crecimiento, así, cuando sea grande sabrá que lo que tiene es porque se lo
ganó”, dijo.
Ante el cambio de postura de las
partes, que adoptaron acuerdos que no violentan el interés del niño, la jueza
Soza declaró la clausura anticipada del proceso y aprobó los compromisos
adquiridos, al tiempo que les recomendó entenderse y escuchar siempre al otro.
El proceso se llevó casi un año
para su resolución, porque en su desarrollo se produjeron una serie de atrasos
no atribuidos a la judicatura, que para cumplir con el debido proceso debió reprogramar audiencias en varias
ocasiones.
