Divulgadores del Poder Judicial se capacitan en temas de Violencia de Género

Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-Nicaragua), los divulgadores del Poder judicial iniciaron una ronda de talleres sobre “Perspectiva de Género y Violencia Contra la Niñez”, con el objetivo de apropiarse de la teoría y política de género, para apoyar los esfuerzos de la institución por brindar a la ciudadanía un servicio de calidad y calidez humana.

El taller fue inaugurado por el doctor Roberto Larios Meléndez, titular de la Dirección General de Comunicación del Poder Judicial; la máster Karen González, en representación del representante de UNICEF señor Iván Yerovi y el licenciado Joaquín Talavera, rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

En sus palabras de apertura, el doctor Larios Meléndez expresó a los divulgadores que el reto es asumir como algo personal los conocimientos sobre teoría y perspectiva de género, para mejorar como personas y como profesionales.

Manifestó que en estos talleres los periodistas judiciales “tendrán la oportunidad de apropiarse e interiorizar la teoría de género como algo personal, lo que les permitirá crecer profesional e institucionalmente”.

“Esto no es solo un deber institucional, porque existe una Política de Género en el Poder Judicial, el desafío es aprender para mejorar cada día y ser mejores personas”, sostuvo el doctor Roberto Larios Meléndez.

 En nombre de UNICEF-Nicaragua, la máster Karen González agradeció a la Corte Suprema de Justicia, a la Secretaria Técnica de Género, a la Dirección de Comunicación y al Instituto de Altos Estudios Judiciales, “por permitirnos contribuir, trabajar y dialogar sobre este tema que es relevante, especialmente porque este año se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña”.

Acotó que “estos talleres son relevantes, porque para UNICEF los periodistas y los medios de comunicación son socios en el desarrollo humano y la trasformación social”.

Refirió que “ese mensaje, ese abordaje de la comunicación, ese relevar los derechos de las niñas y las adolescentes en contexto de violencia, es para nosotros poder contribuir a la transformación social del país”.

La máster González anunció que UNICEF-Nicaragua continuará apoyando estos esfuerzos y a la Secretaría Técnica de Género, “que están vinculados a nuestro Plan Decenal hasta 2023 y probablemente vamos a ampliar estos espacios”.

“Los periodistas y los medios de comunicación pueden contribuir al cambio social y al cambio de comportamiento de las personas por medio de la educación, en la forma en que ustedes abordan en sus artículos la información y la noticia”, concluyó la representante de UNICEF-Nicaragua.

 Por su parte, el rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, licenciado Joaquín Talavera, indicó que estos talleres son una continuidad del trabajo que han venido desarrollando junto con la Secretaría de Género con los jueces, secretarios, defensores públicos, entre otros.

Explicó que el taller para los divulgadores está diseñado en cuatro bloques, cuyo contenido es: Género y Comunicación; Comunicación y Desarrollo Humano; Abordaje de la violencia hacia la niñez y la adolescencia en la comunicación; y Redacción de nota periodística desde la perspectiva de género.

Entregan equipos de seguridad a notificadores de Tipitapa

Los licenciados Juan Carlos Fonseca Meneses y Valentín García Bustamante, coordinador general y delegado administrativo, respectivamente, del Complejo Judicial de Tipitapa, entregaron equipos de trabajo y de seguridad a  los notificadores judiciales de este edificio de justicia.

Los cascos para motocicletas, botas y chaquetas impermeables, fueron recibidos por la licenciada Fabiola Delgadillo, responsable de la Oficina de Notificaciones del complejo judicial. La actividad contó con la presencia de la licenciada Yuneyda Aburto, secretaria general del sindicato.

 La Corte Suprema de Justicia continúa procurando suplir las necesidades y mejorar las condiciones de los trabajadores, en todas las dependencias del Poder Judicial.

Acusan en Managua a nicaragüense por femicidio en Nueva York

La doctora María Fabiola Betancourt Benavente, jueza Primero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del nicaragüense Orlando Enrique Tercero Moreno, señalado en Nueva York, E.E.U.U, por la muerte de la estadunidense Haley Anderson (q.e.p.d).

En la audiencia preliminar, celebrada este 12 de agosto, la jueza Betancourt garantizó los derechos constitucionales del acusado nombrándole una defensora pública, quien solicitó la inadmisión de la acusación porque a su criterio no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal.

Sin embargo, “la acusación cumple con los requisitos de precisión, claridad e individualidad de los hechos”, resolvió la jueza Betancourt Benavente, al tiempo que impuso a Tercero Moreno la medida cautelar de prisión preventiva, por el peligro de evasión de la justicia, de conformidad a la Ley 779 y al Código Procesal Penal.

Previo a esta audiencia, el 5 de agosto la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de extradición pasiva del acusado, quien tiene nacionalidad nicaragüense por el lazo consanguíneo con sus padres, pese a que nació en Estados Unidos de Norteamérica.

 Según la acusación, el 8 de marzo del 2018, a eso de las tres y catorce de la mañana, víctima y victimario --quienes tenían una relación de pareja--, llegaron  al apartamento de éste ubicado en 23d Oak Street, Binghamton, New York, ingresando a la habitación del acusado, el cual aprovechando el estado de ebriedad de la norteamericana, supuestamente asfixió con sus manos a Anderson, provocándole congestión y edema pulmonar.

Luego procedió a escribir una nota en inglés y español, disculpándose por el hecho, con la siguiente frase: “Lamento mucho esto, jamás me sentí capaz de hacer esto, esto es una estupidez, lo siento”.

Ese mismo día, a eso de las ocho de la noche, el acusado abandonó su apartamento y se dirigió al aeropuerto internacional John F. Kennedy, abordando el 9 de marzo, a eso de las nueve de las mañana, un vuelo rumbo a Nicaragua.

“El Ministerio Público de acuerdo al artículo 9 de la Ley 779 y artículo 140 de la Ley 952, Ley de reformas a la ley 641, califica los hechos antes descritos como delito de femicidio y solicita la detención provisional del acusado”, sostuvo la fiscal auxiliar Rosa Espinoza González.

 Como prueba la Fiscalía propuso numerosos testimonios, los cuales serán incorporados al juicio a través del sistema de Videoconferencia del Complejo Judicial Central Managua. Entre las testimoniales destacan la de los padres de Haley Anderson, quienes tienen su domicilio en E.E.U.U.

Entre otros actos y documentos, se incorporará el informe de patología que acredita las causas de la muerte de Anderson y el acta de la detención del acusado de 23 años de edad, efectuada en Nicaragua el día 13 de marzo del 2018. La audiencia inicial de este caso se realizará el próximo 19 de agosto.

200 mil títulos de interés social inscritos en Registros Públicos de la Propiedad

Aproximadamente 200 mil títulos de interés social otorgados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se han inscrito en los 17 Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, informó el doctor Eduardo Ortega Roa, director adjunto de la Dirección Nacional de Registro (DNR) en el programa radial "Una Hora con la Justicia".

El director adjunto de la DNR afirmó que la importancia de la inscripción del título radica en que "el documento inscrito acredita a los ciudadanos como dueños legítimos de su propiedad” y con la legalización e inscripción, se contribuye al acceso al crédito y a la seguridad jurídica en la tenencia de la propiedad.

El funcionario informó que en los próximos 5 años se contempla la implementación del SIICAR2 y del nuevo Modelo de Gestión Registral y Catastral en los Registros Públicos de León, Jinotega, Chontales, Boaco y San Carlos, Río San Juan. Asimismo realizó una síntesis de la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

El doctor Ortega recordó que desde 2003 se han realizado cambios notables en los Registros, iniciando con la implementación del sistema de Libro Diario, luego el sistema de Tasación y por último el de Distribución de Trámites.

“Con el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (Prodep), en la primera fase realizada en Chinandega, se implementó el Sistema de Información Integrado Catastro-Registro (SIICAR1) y en el 2009 se inició la inscripción de forma digital. En esta etapa "se realizó un barrido catastral, que consistió en levantar la información en el terreno y levantar un diagnostico de la situación legal de la propiedad", explicó el doctor Ortega.

Agregó, "los ciudadanos solo tenían un papel común heredado por sus abuelos, esa situación no era declarada en los Registros de la Propiedad ni en Catastro, eso conllevó a unificar esfuerzos entre las dos instituciones, para alimentar esa data registral-catastral". 

En consecuencia, “se digitalizó toda la información contenida en los tomos y se realizó un extracto que permite realizar el trabajo de una manera más ágil. Ahora en la Razón de Inscripción de los títulos de propiedad entregados por el Registro Público de Chinandega se refleja un Número Absoluto de Propiedad (NAP) que indica que ese bien inmueble está saneado, verificado y registrado en el Sistema”.

Ley 698

"Con la aprobación de la Ley 698 en agosto del 2009, se crean las estructuras organizativas y de administración que rigen a los Registros Públicos", explicó el doctor Ortega, recordando que antes sólo existía un acápite en el Código Civil, referido a la forma de llevar los registros.

El Director Adjunto de la DNR explicó que una de estas estructuras es la Comisión Especial de Registros (CER) de la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados, la cual  dirige y administra el proceso de definición de la política registral del país.

De acuerdo a la Ley 698, la DNR propone a la CER la ejecución de acciones que permitan la agilización de trámites y modernización de los Registros. Asimismo, las normas requeridas para la inspección, buenandanza de la administración de los Registros Públicos, así como para promover la capacitación, profesionalización y especialización de los funcionarios registrales.

El doctor Ortega Roa precisó que el quehacer de los registros conlleva nueve principios que están de alguna manera dispersos en el flujo del trámite. "Por ejemplo, con la presentación del documento queda definido el principio de rogación, hasta concluir con la entrega del documento firmado y sellado para cumplir con publicidad registral".

 Consideró que la creación y aprobación de la Ley 698, "es un salto cualitativo, porque acoge todos los principios registrales que la doctrina aplica en los registros de otros países, ordena nuestro quehacer y destaca la calificación de los instrumentos públicos. Es la primera fase de los esfuerzos de modernización de los Registros Públicos".

Mensaje de la Magistrada Presidenta de la CSJ Doctora Alba Luz Ramos Vanegas en el Día del Juez y la Jueza Nicaragüenses

Hoy 26 de Julio, Día Nacional del Juez y la Jueza nicaragüenses, la Corte Suprema de Justicia expresa su regocijo por esta efeméride, dedicada a quienes ejercen la delicada función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Todas nosotras y nosotros, Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados, celebramos esta fecha honrando el compromiso que cada día renovamos, de impartir justicia con transparencia y equidad, apegados a la Constitución Política y las leyes de la República, respetando el debido proceso y acercando el servicio de justicia a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables y necesitados de la sociedad.

Saludamos hoy a todas y todos nuestros judiciales, reconociendo el esfuerzo que realizan para la preservación del Estado de Derecho y la paz social, impartiendo justicia pronta y cumplida, con calidad y calidez.

En nombre de mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en el mío propio, les felicito, les abrazo y les deseo éxitos en sus funciones.

 Managua, 26 de Julio de 2019.

Ordenan desalojar la casa a mujer que amenazaba con envenenar a sus hijos

Una mujer que demandó el divorcio de su marido, para quedarse viviendo con su nueva pareja en la casa que la Alcaldía les donó para ser usada como vivienda familiar, deberá abandonar el bien inmueble a más tardar el 24 de julio, porque de lo contrario será la policía más cercana al domicilio la que ejecutará la orden dictada por la jueza Segundo de Distrito de Familia, doctora Marlene de Fátima Zamora Zepeda.

Así culminó el singular proceso, que durante su tramitación dejó al descubierto la conducta de la mujer, quien por dos años abandonó a sus cuatro hijos para irse con otro hombre; retornó al hogar con una bebé fruto de esa relación; introdujo a su nuevo compañero en la casa y amenazaba a sus vástagos con envenenarlos, si se le comían los alimentos que ella compraba.

“Esta judicial es del criterio que los niños y las adolescentes no pueden seguir conviviendo con su madre en la misma vivienda, después de que ésta los ha amenazado, ultrajado, ofendido, menospreciado, humillado y maltratado por consumirle sus alimentos; y menos (por) que ha obligado a sus menores vástagos a tener que convivir con un hombre extraño dentro de la misma vivienda”, sentenció la judicial.

Invocando el Artículo 73 de la Constitución Política, la judicial indica en la parte resolutiva del fallo que la señora “ha violentado este principio constitucional, irrespetando no solo la relación matrimonial, sino a sus propios hijos, quienes expresan su repudio para con la mala conducta y mal ejemplo de su propia progenitora”.

La sentencia acoge los resultados de la valoración psicosocial efectuada al cuadro familiar por las licenciadas Cintya Alvarado y Martha Estrada, concluyendo que la actuación de la demandante trastoca los principios de los buenos valores y la sana conducta, pues el comportamiento de la madre “ha provocado la vergüenza de sus menores hijos”.

Amenaza con mata ratas

Asimismo, la jueza Zamora Zepeda señala que la mujer admitió ante la psicóloga que “enllava” la comida para que sus hijos no la consuman, porque supuestamente administran mal dicho recurso alimenticio; coincidiendo con lo expresado por los menores de edad de  14, 12 y 9 años, quienes aseguraron que su madre ha enllavado los alimentos, amenazándolos con echarle veneno “mata ratas”, para que no los sigan consumiendo.

Dra. Marlene de Fátima Zamora Zepeda,
jueza Segundo de Distrito de Familia.

 De acuerdo con la psicóloga, el comportamiento de la madre ha afectado la percepción que sus hijos tienen de ella, pues durante la entrevista “solo se enfocó en la situación de la vivienda, pues quiere que le quede a ella y que el padre de sus cuatro niños salga de la misma; además, idealiza y habla muy bien de las acciones realizadas por su nueva pareja sentimental”.

Invocando el Código de Familia y ante el abandono del hogar, la judicial indicó que la mujer es en deber 12 meses de pensión alimenticia retroactiva, porque en los dos años de ausencia le dejó al padre toda la obligación de la manutención de sus hijos.

 La sentencia establece que en ese concepto, a la mujer le corresponde entregar la suma de C$ 2,843.64 córdobas, los que multiplicado por 12 meses suman C$ 34,123.72 córdobas, los que deberá pagar en 68 cuotas de C$ 500.00 córdobas y una última cuota de C$123.72 córdobas, los que le serán retenidos vía nómina salarial.

En cuanto a la pensión alimenticia, ordenó la retención del 40 por ciento de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, horas extras, bonificaciones indemnizaciones y cualquier otro de beneficio que conforme convenio colectivo tenga derecho, suma que no puede ser menor a 2,843.64 córdobas, que también le serán retenidos vía nómina.

Respecto al cuido y crianza de los menores de edad, incluida la hija mayor de 14 años que ya es madre, será el padre el que detente esa obligación, mientras que el bien inmueble en el que habitan actualmente los miembros de la familia, queda para uso y habitación de los cuatro hijos junto con el padre, por ser quien siempre ha estado habitando la casa junto con los niños.

 Y para que la Alcaldía de Managua tome cartas en el asunto, ya que la donación de la casa estaba a nombre de la demandante y el demandado, la doctora Zamora Zepeda giró oficio haciendo de su conocimiento la resolución emitida, tras la tramitación del proceso judicial de divorcio.

Defensoría Pública celebra 20 años de servicio en Jinotega

La delegada departamental de Jinotega, defensora pública licenciada
Meilin del Rosario Rugama Zamora, se dirige a los asistentes al acto.

Divulgando el funcionamiento y los logros alcanzados en el primer trimestre del presente año, la Defensoría Pública del departamento de Jinotega, celebró los 20 años de fundación de la institución, en un significativo realizado el 14 de junio en las instalaciones del Complejo Judicial de esa norteña ciudad.

El acto se enmarcó dentro de la Jornada Científico-Educativa para celebrar el 20 aniversario de la Defensoría, misma que incluye video conferencias, mesas redondas; foros debates, conferencias radiales y televisivas, así como concursos  de artículos de la dogmática jurídica, temas libres de actualidad y concursos literarios, entre otros.

La delegada departamental, defensora público licenciada Meilin del Rosario Rugama Zamora, destacó que la institución en ese departamento, en el primer trimestre del año, logró restituir el derecho de alimentos a 203 menores con un millón 462,825 córdobas en concepto de pensiones alimenticias.

Agregó que en el mismo período se atendieron más de 800 casos judiciales, de los cuales  436 correspondieron a casos penales y 417 a casos de familia y otras materias. Asimismo dijo que se brindaron 538 asesorías legales, se realizaron 50 mediaciones y 70 actos notariales.

Recordó que la misión de la Defensoría Pública es “brindar asistencia legal gratuita a las  y los usuarios del sistema de justicia que carezcan de recursos económicos a fin de garantizarles el respeto y  defensa de sus derechos y garantías, con responsabilidad, honestidad, integridad, justicia social y equidad, coadyuvando a la realización del Estado Social y Democrático de Derecho”.

En el evento, el defensor público Henry Francisco Picado Villagra, disertó sobre “Criterios de Jurisprudencia”,  donde definió el concepto de jurisprudencia y realizó una exposición de algunas sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mismas que ejemplificó de acuerdo a los  casos, basado en una compilación realizada por él mismo.

Al acto asistieron delegados de instituciones con las que la Defensoría tiene relaciones de coordinación, como el Ministerio de Educación (MINED, la Alcaldía, el Registro del Estado Civil de las Personas, el Ministerio de la Familia y la Adolescencia y la Niñez (MIFAN), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), y representantes de universidades tales como la Universidad del Norte (UNN), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y Universidad del Valle (UNIVAL) entre otras.