viernes, 25 de octubre de 2019

Siguen las quejas contra Urbina Lara


Hasta la sede central de la Corte Suprema de Justicia, se presentó este 23 de octubre el señor César Iván Torrez Coronel, quien interpuso una queja contra el abogado José Manuel Urbina Lara, recientemente sancionado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial por cobrar altos honorarios y no  cumplirles a sus clientes.
El señor Torrez Coronel fue citado este 23 de Octubre por la Inspectoría Judicial de la CSJ a una audiencia de conciliación con Urbina Lara, para resolver la queja que el usuario interpuso en contra del abogado suspendido, por cobrarle 5,000 dólares para defender a un familiar detenido en Juigalpa, servicio que el abogado nunca prestó.
“Mi asunto con el licenciado Manuel Urbina Lara es referente a una contratación para que me llevara la defensa de un hermano, que está detenido en el Sistema Penitenciario de Juigalpa. El caso me lo llevaba por cinco mil dólares y me pidió el 50 por ciento, le entregué la plata y firmó un documento, el cual metí al expediente de la queja”, manifestó el perjudicado.
El quejoso dijo que él y otros familiares tuvieron que prestar la cantidad entregada. “Él nunca trabajó en el caso, por eso recurrí a la Corte a interponer mi queja. Nos notificaron que hoy viniéramos a una conciliación, pero cuando le indicaron a Urbina Lara el objetivo de la audiencia dijo que sólo venía a retirar unos documentos”, explicó.
El señor César Iván Torrez Coronel llevará su caso a la vía penal, por el delito de estafa.
“Le entregué los 2, 500 dólares y nunca hizo nada. Di seguimiento al asunto yendo a Juigalpa, donde no metió ningún escrito. Fue nombrado, pero jamás llegó a ejercer la defensa de mi hermano, pese a que el nombramiento estaba en la Tabla de Avisos de los juzgados”, se quejó el señor Torrez Coronel.
Misógino y  farandulero
La persona quejosa recordó que fue a la oficina del abogado suspendido. “Le comenté que había ido a Juigalpa y se molestó, comenzando a hablar mal de las juezas. Él dijo que estaba haciendo “algo” en el caso, pero yo le dije que me mostrara documentos donde había metido escritos a favor de mi hermano y no lo hizo”.

A la CSJ, se siguen presentando afectados a denunciar el actuar desleal con sus clientes del Lic. Manuel Urbina Lara.
El perjudicado pretende llevar el caso a la vía penal por el delito de estafa. “Voy a recurrir hasta la última instancia para que me devuelva mi plata, ya que para ayudar a mi hermano tuve que prestar el dinero, que todavía debo y por mi trabajo de mensajero a veces dejo de darle de comer a mis niños para pagar esa deuda”.
Agregó, “es injusto que una persona que dice ser el mejor abogado de Nicaragua, venga a robar de esa manera a las personas. En realidad no es un abogado, es farandulero porque solo es “tapas”, hablando en lenguaje nicaragüense. Veo el caso como una estafa, ya que una persona contratada para hacer un trabajo y no lo hace, realmente es una estafadora”.


El señor Torrez Coronel presentó el recibo de pago, firmado de puño y letra por el licenciado Urbina Lara, fechado el 28 de abril de 2016, en el cual el quejoso entregó la suma de 2,500 dólares para impulsar un incidente de suspensión de la libertad que nunca tramitó.

viernes, 11 de octubre de 2019

Logros y desafíos de la DIRAC en sus 19 años de servicio


La doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, destacó este 10 de octubre en el programa radial “Una Hora con la Justicia”, los logros y desafíos alcanzados y superados por esta dependencia del  Poder Judicial en sus 19 años de funcionamiento.
“La DIRAC fue creada por Acuerdo 77 de la Corte Suprema de Justicia del 13 de abril del año 2000, definiéndola como una dependencia especializada del Poder Judicial, encargada de brindar el marco institucional y técnico necesario para el funcionamiento de la Mediación y el Arbitraje, como métodos alternos para la solución de conflictos relativos a la propiedad”, explicó a los oyentes del programa judicial que se transmite en una cadena radial que encabeza Radio La Primerísima.
En el año 2005, el rol institucional de la DIRAC se fortaleció con la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, en la cual se confirió la facultad de acreditar a los centros de mediación privados encargados de administrar institucionalmente métodos alternos de solución de conflictos.
Asimismo la Ley 902, Código Procesal Civil de Nicaragua, dio un gran impulso a la mediación, aportando al ahorro económico de las personas que hacen uso de los MASC, contribuyendo al entendimiento, el diálogo y promoción de una cultura de paz.
En la actualidad, la DIRAC cuenta con 27 salas de mediación previa penal, ubicadas en nueve departamentos del país y 44 salas de mediación civil localizadas en 13 departamentos y dos regiones de la Costa Caribe.
“La formación y capacitación permanente en métodos de solución alterna de conflictos es uno de los baluartes que hemos cultivado”, aseguró la doctora Castellón Tiffer, precisando que en los últimos tres años se ha capacitado a 5,817 personas.
 Asimismo, que en el 2018 y 2019, con el apoyo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD, Cataluña) se capacitaron en “Mediación y Cultura de Paz” a 286 personas docentes.
El proceso de desarrollo institucional de la DIRAC, desde su fundación hasta la actualidad, “supone un crecimiento significativo, en este contexto a corto plazo, se estará brindando el servicio de mediación en justicia penal especializada de adolescentes”.
Es necesario mencionar que este servicio se enmarca en los postulados de las Cien Reglas de Brasilia, relativas a impulsar formas alternativas de resolución de conflictos, para contribuir a mejorar el acceso a la justicia de las personas vulnerables.
 Al concluir su intervención, la doctora Castellón Tiffer felicitó a las mediadoras y  mediadores Fátima Trejos Gómez, Brenda Machado Rivas, Yahaira Donaire Gonzales, Hazel Salas Amador, René Talavera y Miguel Caldera Fuentes, por su destacada  labor en la institución.

martes, 8 de octubre de 2019

REELIGEN AUTORIDADES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN NICARAGUA

El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió, este Lunes 7 de Octubre, mediante Acuerdo Número 87, reelegir en los cargos de presidenta y vicepresidente del máximo tribunal, a los magistrados doctoresAlba Luz Ramos Vanegas y Marvin Ramiro Aguilar García, respectivamente.
El acuerdo de Corte Plena Número 28, del 30 de Marzo del año 2017, estableció el período de integración de autoridades de la Corte Plena, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y las cuatro salas de la Corte, hasta el 5 de Octubre del año 2019.
El nuevo Acuerdo establece que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial estará presidido por la magistrada doctora Alba Luz Ramos Vanegas e integrado por los magistrados doctores Marvin Ramiro Aguilar García, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón.
La Sala Constitucional de la Corte estará presidida por el magistrado doctor Francisco Rosales Argüello, e integrada por los magistrados doctores José Manuel Martínez Sevilla, Armando José Juárez López e Ileana del Rosario Pérez López
La Sala de lo Civil estará presidida por la magistrada doctora Ileana del Rosario Pérez López, e integrada por los magistrados doctores Yadira Centeno González, Armengol Cuadra López y Gerardo Arce Castaño.
La Sala de lo Penal estará presidida por el magistrado doctor Armengol Cuadra López, e integrada por los magistrados doctores José Manuel Martínez Sevilla, Armando José Juárez López y Ellen Joy Lewin Downs.
La Sala de lo Contencioso Administrativo estará presidida por la magistrada doctora Yadira Centeno González, e integrada por los magistrados doctores Francisco Rosales Argüello, Gerardo Arce Castaño y Ellen Joy Lewin Downs.
El Acuerdo Número 87 entró en vigencia a partir del día 7 de octubre del corriente año.

martes, 10 de septiembre de 2019

Divulgadores del Poder Judicial se capacitan en temas de Violencia de Género


Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF-Nicaragua), los divulgadores del Poder judicial iniciaron una ronda de talleres sobre “Perspectiva de Género y Violencia Contra la Niñez”, con el objetivo de apropiarse de la teoría y política de género, para apoyar los esfuerzos de la institución por brindar a la ciudadanía un servicio de calidad y calidez humana.
El taller fue inaugurado por el doctor Roberto Larios Meléndez, titular de la Dirección General de Comunicación del Poder Judicial; la máster Karen González, en representación del representante de UNICEF señor Iván Yerovi y el licenciado Joaquín Talavera, rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales.
En sus palabras de apertura, el doctor Larios Meléndez expresó a los divulgadores que el reto es asumir como algo personal los conocimientos sobre teoría y perspectiva de género, para mejorar como personas y como profesionales.
Manifestó que en estos talleres los periodistas judiciales “tendrán la oportunidad de apropiarse e interiorizar la teoría de género como algo personal, lo que les permitirá crecer profesional e institucionalmente”.
“Esto no es solo un deber institucional, porque existe una Política de Género en el Poder Judicial, el desafío es aprender para mejorar cada día y ser mejores personas”, sostuvo el doctor Roberto Larios Meléndez.
 En nombre de UNICEF-Nicaragua, la máster Karen González agradeció a la Corte Suprema de Justicia, a la Secretaria Técnica de Género, a la Dirección de Comunicación y al Instituto de Altos Estudios Judiciales, “por permitirnos contribuir, trabajar y dialogar sobre este tema que es relevante, especialmente porque este año se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña”.
Acotó que “estos talleres son relevantes, porque para UNICEF los periodistas y los medios de comunicación son socios en el desarrollo humano y la trasformación social”.
Refirió que “ese mensaje, ese abordaje de la comunicación, ese relevar los derechos de las niñas y las adolescentes en contexto de violencia, es para nosotros poder contribuir a la transformación social del país”.

La máster González anunció que UNICEF-Nicaragua continuará apoyando estos esfuerzos y a la Secretaría Técnica de Género, “que están vinculados a nuestro Plan Decenal hasta 2023 y probablemente vamos a ampliar estos espacios”.
“Los periodistas y los medios de comunicación pueden contribuir al cambio social y al cambio de comportamiento de las personas por medio de la educación, en la forma en que ustedes abordan en sus artículos la información y la noticia”, concluyó la representante de UNICEF-Nicaragua.
 Por su parte, el rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, licenciado Joaquín Talavera, indicó que estos talleres son una continuidad del trabajo que han venido desarrollando junto con la Secretaría de Género con los jueces, secretarios, defensores públicos, entre otros.
Explicó que el taller para los divulgadores está diseñado en cuatro bloques, cuyo contenido es: Género y Comunicación; Comunicación y Desarrollo Humano; Abordaje de la violencia hacia la niñez y la adolescencia en la comunicación; y Redacción de nota periodística desde la perspectiva de género.

martes, 27 de agosto de 2019

Entregan equipos de seguridad a notificadores de Tipitapa


Los licenciados Juan Carlos Fonseca Meneses y Valentín García Bustamante, coordinador general y delegado administrativo, respectivamente, del Complejo Judicial de Tipitapa, entregaron equipos de trabajo y de seguridad a  los notificadores judiciales de este edificio de justicia.
Los cascos para motocicletas, botas y chaquetas impermeables, fueron recibidos por la licenciada Fabiola Delgadillo, responsable de la Oficina de Notificaciones del complejo judicial. La actividad contó con la presencia de la licenciada Yuneyda Aburto, secretaria general del sindicato.
 La Corte Suprema de Justicia continúa procurando suplir las necesidades y mejorar las condiciones de los trabajadores, en todas las dependencias del Poder Judicial.

lunes, 12 de agosto de 2019

Acusan en Managua a nicaragüense por femicidio en Nueva York


La doctora María Fabiola Betancourt Benavente, jueza Primero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del nicaragüense Orlando Enrique Tercero Moreno, señalado en Nueva York, E.E.U.U, por la muerte de la estadunidense Haley Anderson (q.e.p.d).
En la audiencia preliminar, celebrada este 12 de agosto, la jueza Betancourt garantizó los derechos constitucionales del acusado nombrándole una defensora pública, quien solicitó la inadmisión de la acusación porque a su criterio no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal.
Sin embargo, “la acusación cumple con los requisitos de precisión, claridad e individualidad de los hechos”, resolvió la jueza Betancourt Benavente, al tiempo que impuso a Tercero Moreno la medida cautelar de prisión preventiva, por el peligro de evasión de la justicia, de conformidad a la Ley 779 y al Código Procesal Penal.
Previo a esta audiencia, el 5 de agosto la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de extradición pasiva del acusado, quien tiene nacionalidad nicaragüense por el lazo consanguíneo con sus padres, pese a que nació en Estados Unidos de Norteamérica.
 Según la acusación, el 8 de marzo del 2018, a eso de las tres y catorce de la mañana, víctima y victimario --quienes tenían una relación de pareja--, llegaron  al apartamento de éste ubicado en 23d Oak Street, Binghamton, New York, ingresando a la habitación del acusado, el cual aprovechando el estado de ebriedad de la norteamericana, supuestamente asfixió con sus manos a Anderson, provocándole congestión y edema pulmonar.

Luego procedió a escribir una nota en inglés y español, disculpándose por el hecho, con la siguiente frase: “Lamento mucho esto, jamás me sentí capaz de hacer esto, esto es una estupidez, lo siento”.
Ese mismo día, a eso de las ocho de la noche, el acusado abandonó su apartamento y se dirigió al aeropuerto internacional John F. Kennedy, abordando el 9 de marzo, a eso de las nueve de las mañana, un vuelo rumbo a Nicaragua.
“El Ministerio Público de acuerdo al artículo 9 de la Ley 779 y artículo 140 de la Ley 952, Ley de reformas a la ley 641, califica los hechos antes descritos como delito de femicidio y solicita la detención provisional del acusado”, sostuvo la fiscal auxiliar Rosa Espinoza González.
 Como prueba la Fiscalía propuso numerosos testimonios, los cuales serán incorporados al juicio a través del sistema de Videoconferencia del Complejo Judicial Central Managua. Entre las testimoniales destacan la de los padres de Haley Anderson, quienes tienen su domicilio en E.E.U.U.
Entre otros actos y documentos, se incorporará el informe de patología que acredita las causas de la muerte de Anderson y el acta de la detención del acusado de 23 años de edad, efectuada en Nicaragua el día 13 de marzo del 2018. La audiencia inicial de este caso se realizará el próximo 19 de agosto.

viernes, 2 de agosto de 2019

200 mil títulos de interés social inscritos en Registros Públicos de la Propiedad

Aproximadamente 200 mil títulos de interés social otorgados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se han inscrito en los 17 Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, informó el doctor Eduardo Ortega Roa, director adjunto de la Dirección Nacional de Registro (DNR) en el programa radial "Una Hora con la Justicia".
El director adjunto de la DNR afirmó que la importancia de la inscripción del título radica en que "el documento inscrito acredita a los ciudadanos como dueños legítimos de su propiedad” y con la legalización e inscripción, se contribuye al acceso al crédito y a la seguridad jurídica en la tenencia de la propiedad.
El funcionario informó que en los próximos 5 años se contempla la implementación del SIICAR2 y del nuevo Modelo de Gestión Registral y Catastral en los Registros Públicos de León, Jinotega, Chontales, Boaco y San Carlos, Río San Juan. Asimismo realizó una síntesis de la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.
El doctor Ortega recordó que desde 2003 se han realizado cambios notables en los Registros, iniciando con la implementación del sistema de Libro Diario, luego el sistema de Tasación y por último el de Distribución de Trámites.
“Con el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (Prodep), en la primera fase realizada en Chinandega, se implementó el Sistema de Información Integrado Catastro-Registro (SIICAR1) y en el 2009 se inició la inscripción de forma digital. En esta etapa "se realizó un barrido catastral, que consistió en levantar la información en el terreno y levantar un diagnostico de la situación legal de la propiedad", explicó el doctor Ortega.
Agregó, "los ciudadanos solo tenían un papel común heredado por sus abuelos, esa situación no era declarada en los Registros de la Propiedad ni en Catastro, eso conllevó a unificar esfuerzos entre las dos instituciones, para alimentar esa data registral-catastral". 
En consecuencia, “se digitalizó toda la información contenida en los tomos y se realizó un extracto que permite realizar el trabajo de una manera más ágil. Ahora en la Razón de Inscripción de los títulos de propiedad entregados por el Registro Público de Chinandega se refleja un Número Absoluto de Propiedad (NAP) que indica que ese bien inmueble está saneado, verificado y registrado en el Sistema”.
Ley 698
"Con la aprobación de la Ley 698 en agosto del 2009, se crean las estructuras organizativas y de administración que rigen a los Registros Públicos", explicó el doctor Ortega, recordando que antes sólo existía un acápite en el Código Civil, referido a la forma de llevar los registros.
El Director Adjunto de la DNR explicó que una de estas estructuras es la Comisión Especial de Registros (CER) de la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados, la cual  dirige y administra el proceso de definición de la política registral del país.

De acuerdo a la Ley 698, la DNR propone a la CER la ejecución de acciones que permitan la agilización de trámites y modernización de los Registros. Asimismo, las normas requeridas para la inspección, buenandanza de la administración de los Registros Públicos, así como para promover la capacitación, profesionalización y especialización de los funcionarios registrales.
El doctor Ortega Roa precisó que el quehacer de los registros conlleva nueve principios que están de alguna manera dispersos en el flujo del trámite. "Por ejemplo, con la presentación del documento queda definido el principio de rogación, hasta concluir con la entrega del documento firmado y sellado para cumplir con publicidad registral".
 Consideró que la creación y aprobación de la Ley 698, "es un salto cualitativo, porque acoge todos los principios registrales que la doctrina aplica en los registros de otros países, ordena nuestro quehacer y destaca la calificación de los instrumentos públicos. Es la primera fase de los esfuerzos de modernización de los Registros Públicos".