Escrito por Magdalena Jiménez
Con la aprobación de la Ley 779 y
su reglamento, “el Estado de Nicaragua ha fortalecido la política de prevención
de la violencia intrafamiliar y ha cumplido con las convenciones
internacionales suscritas por nuestro país en esta materia”, aseguró la
presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.
La doctora Ramos brindó una
entrevista a un equipo de televisión del Canal 15 de la Universidad de Costa
Rica, a quienes recordó que “el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de
Nicaragua ha impulsado cambios sustanciales en favor de los Derechos Humanos de
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sustentando el respeto de los
derechos y garantías de las mujeres nicaragüense”.
En este sentido, “la ley Integral
Contra la Violencia es uno de los principales instrumentos que las mujeres de
Nicaragua hemos obtenido para defender nuestros derechos humanos”, manifestó.
“La ley no es más que un
instrumento que previene, sanciona y erradica la violencia intrafamiliar y
garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, aunque estamos más que
claros que la ley no va a solucionar la violencia de un día para otro, ya que
esto es todo un proceso”, agregó.
Estas transformaciones son las
que organismos internacionales tan serios como el Fondo Económico Mundial (WEF)
han colocado a Nicaragua como líder entre 142 países de América Latina y el
Caribe en prácticas de equidad de género, comentó la doctora Ramos al equipo
periodístico costarricense.
Hacia la igualdad real
La doctora Ramos dijo que “la ley
lo que pretende es garantizar la igualdad real más allá de la formal” y para
ello “la violencia se tiene que erradicar desde el seno de la familia, por eso
se implementó la Política de Estado para la prevención de la violencia y el
fortalecimiento de la Familia”.
La ley “está apegada a lo que
dicen las convenciones internacionales que Nicaragua ha suscrito, recordemos
que la convención Belém do Pará lleva al ámbito público la violencia que se ha
ejercido hace miles de años contra las mujeres, en cumplimiento de lo que se
estableció precisamente en Viena, cuando se dijo que la violencia contra las
mujeres era una violación a los derechos humanos”.
“Lo que nos están diciendo es que
no tenemos por qué considerar la violencia como algo estrictamente privado,
dónde el Estado no tiene nada que hacer. Es un asunto donde el Estado sí tiene
mucho que hacer y eso es lo que hace la ley”, dijo la presidenta del máximo
tribunal.
La doctora Ramos expresó que las
convenciones internacionales establecen que la violencia contra las mujeres se
ejerce en cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte,
daño o sufrimiento sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado y eso es lo que nosotros establecimos cuando se hizo la Ley
779”.
Por ejemplo, explicó, “una mujer
que ocupa un cargo importante tiene puestos sobre ella los ojos y los dardos de
sus compañeros de trabajo, entonces, la ley vino a visibilizar todas las
distintas formas de violencia existentes”.
La Ley establece medidas de
protección a las mujeres víctimas de la violencia “y por eso la comisión
nacional se articula como tal para trabajar en la prevención, la sanción, la
erradicación y penalización, pero también la asistencia y la integración de las
mujeres a una vida digna laboral, educativa y que pueda compartir los
diferentes espacios, públicos y privados”, dijo finalmente la doctora Alba Luz
Ramos Vanegas.
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