Escrito por Edgar Solórzano
La XI Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional celebrada en Lima, Perú, los días 28 de junio al 1
de julio del presente año, asumió en su Declaración Final que “Corresponde a la
justicia constitucional tutelar los derechos económicos, sociales y culturales
de las presentes y futuras generaciones, que se sustentan en la armonización
del crecimiento económico con el desarrollo humano y el uso racional de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente, haciendo posible el
desarrollo sostenible de nuestras sociedades”.
La Declaración Final fue firmada
por representantes de las delegaciones de los Tribunales, Cortes y Salas
Constitucionales de 18 países de Iberoamérica.
Por Nicaragua el Documento Final
fue firmado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco
Rosales Argüello, en su calidad de presidente de la Sala de lo Constitucional,
quien asistió junto con la magistrada, doctora Ileana Pérez López, miembro de
la Sala de lo Constitucional de este Supremo Tribunal.
La Declaración Final fue firmada
el primero de julio del presente año y reconoce “que la desigualdad en el
acceso de los derechos fundamentales es un obstáculo para el asentamiento del
estado constitucional y para el progreso social y económico”.
El documento conclusivo de la XI
Conferencia Iberoamericana señala que “para alcanzar la necesaria igualdad de
los derechos de las mujeres se requieren decididas políticas que promuevan la
equidad de género y remuevan los obstáculos que dificultan la igualdad en la
presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la participación social e
institucional”.
Los magistrados de la CSJ,
doctores Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala de lo Constitucional
e Ileana Pérez López, miembro de la Sala de lo Constitucional, delegados
para participar en la XI Conferencia
Iberoamericana de Justicia Constitucional.
La Declaración Final destaca que
“nuestras instituciones (léase Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales),
ejercen con gran compromiso la función de garantizar la primacía normativa de
sus respectivas Constituciones y los derechos económicos y sociales de todos
los ciudadanos”.
En el documento los firmantes
expresan que “son conscientes de que el Estado constitucional está abierto a
diferentes opciones jurídico-constitucionales en las que resulten compatibles
la iniciativa privada con la acción de los poderes públicos”.
Reiteraron su compromiso con el
objetivo consagrado en los Estatutos de la Conferencia de “preservar y
potenciar la independencia y la imparcialidad de los Tribunales, Cortes y Salas
Constitucionales de los países iberoamericanos, que han de hacerse efectivas
frente a los poderes públicos y privados, a fin de garantizar el Estado
Constitucional y los derechos económicos y sociales de los ciudadanos”.
La XII Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional se celebrará en Panamá en el año 2018, país que
asume la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia.
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