La Dirección General
Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de
Justicia, elaboró un modelo de Manual de Políticas de Medidas y Procedimientos
de Prevención dirigido a los Abogados y Notarios Públicos, para mitigar los
riesgos de ser instrumentalizados por el crimen organizado y promover una
cultura de previsión ante los negocios jurídicos que el profesional autoriza.
La información fue brindada por
la licenciada Adriana Obando Quezada, directora especifica de regulación y
supervisión de la DGCIP.
El nuevo documento está
disponible en la página web de la DGCIP, introduciendo la dirección
www.poderjudicial.gob.ni e ingresando luego al sitio de la Dirección General
Centralizadora de la Información y Prevención.
La licenciada Obando Quezada
agregó que cada abogado deberá descargar el material y adaptarlo a la función
profesional y a las actividades del sector en donde presta sus servicios, cada
vez que realiza alguna de las cinco actividades establecidas en la
Recomendación 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como:
compraventa de bienes inmuebles, administración de bienes y dinero,
administración de activos de los clientes, creación de personas jurídicas,
estructuras jurídica, las contribuciones
de las personas jurídicas y la administración de personas jurídicas.
“El objetivo del Manual de
Prevención es que los abogados y notarios públicos de Nicaragua adquieran una
cultura de prevención y proponer una mitigación a través de la adopción de
medidas de debida diligencia del conocimiento del cliente, según la normativa
del artículo número 9 (acuerdo 451), aprobado el 25 de septiembre del año 2019
por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial”, dijo la
funcionaria.
La licenciada Obando Quezada
manifestó que el manual “beneficiará a los abogados y notarios públicos, para
que tengan una guía que incluye los aspectos fundamentales de la relación
profesional con el cliente. Es decir, adaptarlo a sus funciones como profesionales
del Derecho y evitar ser instrumentalizado por el crimen organizado, cuando
realicen algunas de las cinco actividades establecidas en las recomendaciones
del GAFI.
Enfatizó que “los riesgos siempre
son permanente y este modelo de Manual es una herramienta de mitigación del
riesgo que enfrentan los Abogados y Notarios Públicos”.
La funcionaria ejemplificó que si
en un negocio jurídico el cliente está pagando en efectivo la cantidad de 100
mil dólares, se debe recomendar a su patrocinado depositar el dinero en un
banco, que también es un sujeto obligado y presentar el voucher o minuta de
pago al abogado, de esa manera los profesionales del Derecho están creando una
cultura de prevención.
Reiteró que “este instrumento de
prevención constituye una guía que deberá ser adaptada por los abogados y
notarios de conformidad con la actividad o servicio legal que realice, con
estricto apego al artículo 10 de la normativa.
La licenciada Obando Quezada
finalizó diciendo que la Dirección Centralizadora de la Información y
Prevención de la CSJ, registra hasta el día lunes 29 junio del año en curso la cantidad de 11,794
abogados y notarios públicos inscritos.
