lunes, 29 de junio de 2020

Manual de Prevención de Lavado de Dinero para abogados


La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia, elaboró un modelo de Manual de Políticas de Medidas y Procedimientos de Prevención dirigido a los Abogados y Notarios Públicos, para mitigar los riesgos de ser instrumentalizados por el crimen organizado y promover una cultura de previsión ante los negocios jurídicos que el profesional autoriza.
La información fue brindada por la licenciada Adriana Obando Quezada, directora especifica de regulación y supervisión de la DGCIP.
El nuevo documento está disponible en la página web de la DGCIP, introduciendo la dirección www.poderjudicial.gob.ni e ingresando luego al sitio de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención.
La licenciada Obando Quezada agregó que cada abogado deberá descargar el material y adaptarlo a la función profesional y a las actividades del sector en donde presta sus servicios, cada vez que realiza alguna de las cinco actividades establecidas en la Recomendación 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como: compraventa de bienes inmuebles, administración de bienes y dinero, administración de activos de los clientes, creación de personas jurídicas, estructuras jurídica,  las contribuciones de las personas jurídicas y la administración de personas jurídicas.
“El objetivo del Manual de Prevención es que los abogados y notarios públicos de Nicaragua adquieran una cultura de prevención y proponer una mitigación a través de la adopción de medidas de debida diligencia del conocimiento del cliente, según la normativa del artículo número 9 (acuerdo 451), aprobado el 25 de septiembre del año 2019 por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial”, dijo la funcionaria.
La licenciada Obando Quezada manifestó que el manual “beneficiará a los abogados y notarios públicos, para que tengan una guía que incluye los aspectos fundamentales de la relación profesional con el cliente. Es decir, adaptarlo a sus funciones como profesionales del Derecho y evitar ser instrumentalizado por el crimen organizado, cuando realicen algunas de las cinco actividades establecidas en las recomendaciones del GAFI.
Enfatizó que “los riesgos siempre son permanente y este modelo de Manual es una herramienta de mitigación del riesgo que enfrentan los Abogados y Notarios Públicos”.
La funcionaria ejemplificó que si en un negocio jurídico el cliente está pagando en efectivo la cantidad de 100 mil dólares, se debe recomendar a su patrocinado depositar el dinero en un banco, que también es un sujeto obligado y presentar el voucher o minuta de pago al abogado, de esa manera los profesionales del Derecho están creando una cultura de prevención. 
Reiteró que “este instrumento de prevención constituye una guía que deberá ser adaptada por los abogados y notarios de conformidad con la actividad o servicio legal que realice, con estricto apego al artículo 10 de la normativa.
La licenciada Obando Quezada finalizó diciendo que la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención de la CSJ, registra hasta el día lunes 29  junio del año en curso la cantidad de 11,794 abogados y notarios públicos inscritos.  

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