Divulgan convenio 190 de la OIT para incidir en eliminación de violencia y acoso laboral

La Central Sandinista de Trabajadores en conjunto con el Comité Nacional de Mujeres Sindicalistas y la Comisión de Género de la Maquila, la Federación de Trabajadoras Domésticas, entre otras organizaciones impulsa un proceso de divulgación del convenio 190 referido a la eliminación de la violencia y el acoso laboral.

Este convenio fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el mismo protege a personas trabajadoras, sean estos pasantes, voluntarios o empleados o despedidos.

“Con este convenio se pretende que se combata el acoso en un centro de trabajo, en los espacios públicos y privados donde se ejerza un trabajo, en los comedores, instalaciones sanitarias, vestidores o en otros lugares donde pueda darse esa práctica”, indicó Miguel Ruiz, presidente de la Central Sandinista de Trabajadores.

El convenio 190 busca impulsar políticas públicas pertinentes que aborden el tema, aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y acoso laboral, fortalecer los mecanismos ya existentes, y garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos que pudieran presentarse, explicó Pedro Ortega Méndez de la CST-José Benito Escobar.

Ruiz indicó que existe un consenso de parte de distintas organizaciones sindicales nicaragüenses para que divulgar el convenio 190 y que Nicaragua lo apruebe por medio de la Asamblea Nacional.

“Estamos trabajando por la ratificación de nuestro parlamento y del gobierno del convenio 190, que establece en lo fundamental el no acoso a los trabajadores y trabajadoras en el mundo del trabajo. Este es un convenio que ya fue aprobado por OIT en el 2019”, señaló el dirigente sindical.

Actualmente el convenio está siendo conocido por los trabajadores en América Latina y el Caribe, por lo que se espera que en los próximos meses sea aprobado por los gobiernos de cada país.

“Nicaragua voto en la Asamblea General de la OIT el año pasado y requerimos ahora que nuestro parlamento pueda ratificarlo. Eso también pasa por darle una explicación a los trabajadores en qué consiste este convenio y en qué beneficia o sanciona a empleadores o empresarios que violentan o acosan en los puestos de trabajo”, dijo Ruiz.

Hasta la fecha se ha divulgado el contenido del convenio en actividades propias de las centrales sindicales. Asimismo, se ha hecho incidencia en el Ministerio del Trabajo, la Cancillería, la Asamblea Nacional y se articulan esfuerzos con todas las organizaciones sindicales del país.

Las organizaciones sindicales hacen un llamado al Estado de Nicaragua, a la Empresa Privada y a los y las trabajadoras para que se logre la ratificación del Convenio 190. Esta herramienta jurídica compromete más a las sociedades para que se viva en un mundo sin violencia laboral.

Más de C$146 millones invierte la CSJ en 8 nuevas construcciones judiciales en 2020

El Poder Judicial de Nicaragua invertirá más de 146.5 millones de córdobas este año en la construcción de 8 nuevas obras de infraestructura en diversas partes del país, informó el licenciado Berman Martínez Martínez, Secretario General Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Este año 2020 los usuarios de la administración de justicia estrenarán complejos judiciales en Siuna, Masatepe, Carazo, San Juan del Sur y La Cruz de Río Grande. Al mismo tiempo, avanza la construcción de nuevos edificios registrales en Masaya, Matagalpa y Bluefields, más una ampliación en el complejo judicial de Estelí, que también incluye el Registro Público.
Los nuevos edificios registrales “fortalecen la Ley Creadora del Sistema Nacional de Registros (SINARE), con tecnología adecuada para implementar el nuevo Sistema Informático Integrado Catastro—Registro (SIICAR), que ha vuelto más ágil la tramitación”, afirmó el alto funcionario.
“Avanzamos hacia los culminación exitosa del Plan Estratégico Decenal 2012-2021; tenemos la satisfacción de que todas las cabeceras departamentales del país cuentan con nuevos complejos judiciales, al igual que varios municipios”, manifestó el licenciado Berman Martínez.
El Poder Judicial empezó el año 2020 estrenando el nuevo complejo judicial departamental de Carazo en Jinotepe, e iniciando la construcción del de Siuna, un proyecto de más de 1,100 metros cuadrados. Al igual que todos los ya construidos, incluye la planta física, tecnología adecuada al nuevo modelo de gestión de despachos judiciales y el mobiliario.

Caribe Sur
La ampliación del complejo judicial en Bluefields incluye la construcción de las clínicas del Instituto de Medicina Legal y la Defensoría Pública.
También la Casa de Justicia de San Juan del Sur, una construcción de más de 20 años de antigüedad y que por las características ambientales se deterioró rápidamente, ya está siendo reconstruida, con un avance del 65%.
Igualmente avanza la construcción del edificio del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Masaya, que fue incendiado en el año 2018. La ampliación aquí será de más de 543 metros cuadrados, e incluye la actualización de los componentes tecnológicos del Sistema Nicarao.
“Todos estos proyectos no solo brindarán mayor comodidad a los usuarios y al personal, sino también generarán mayor eficiencia a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, que es la razón de ser nuestra institución”, declaró el secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Recordó que “junto con los edificios, vamos implementando el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, que incluye la adopción de tecnología moderna, del sistema informático Nicarao y de nuevas redes de voz y datos”.

Las nuevas obras se ejecutan con fondos propios del Presupuesto General de la República, asignados al Poder Judicial.


En el Caribe Sur se remodelará la Casa de Justicia en La Cruz del Río Grande, mientras se avanza rápidamente en la construcción del nuevo Registro Público y el mantenimiento general integral a todos los juzgados de esta cabecera de la región autónoma, indicó el alto cargo administrativo.

Otro disparate del diario La Prensa

Obcecado en su campaña de descrédito contra el Poder Judicial, el diario La Prensa resucita un muerto y “desentierra” un Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de Abril de 2019, que amplía la competencia de los Juzgados de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria y los Juzgados de Adolescentes de Matagalpa y Jinotega, habilitándolos para resolver las apelaciones, recusaciones e inhibitorias provenientes de los Juzgados Locales Penales y Únicos de la circunscripción judicial norte.

A pesar de que en su vocación de transparencia el Poder Judicial hizo público este acuerdo hace un año, reacciona tardíamente acusando a la CSJ de “usurpar” las funciones del Legislativo y “reformar de facto” la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 164 inciso 1 de la Constitución Política establece como la primera atribución de la Corte Suprema “organizar y dirigir la administración de justicia”. Amparada en este artículo constitucional, la Corte ha realizado este tipo de actos administrativos desde siempre; es así que recientemente se eliminaron judicaturas civiles, se ampliaron las penales y el número de juzgados de Familia en la circunscripción Managua.

Estas decisiones jamás han sido cuestionadas, pues sería un completo disparate enviar iniciativas de ley a la Asamblea Nacional por cada acto administrativo de este tipo que la Corte realice en pleno uso de sus atribuciones constitucionales. No ha ocurrido así, por ejemplo, al crear juzgados especializados como los de Violencia y Familia, pues estos sí han sido creado mediante leyes específicas, como la Ley 779 y el Código de Familia.

Al igual que en los actos mencionados, la decisión de ampliar las facultades a estos tribunales --que también son juzgados penales de distrito--, esto está fundamentado en la necesidad de adecuar el funcionamiento de los tribunales a la carga laboral que administran, como claramente se señala en el acuerdo.

Los considerandos del Acuerdo 38 fundamentan estas decisiones en el objetivo de “fortalecer y mejorar los servicios, tomando en cuenta las necesidades de la población y facilitar el acceso a la justicia”.

Asimismo, “fortalecer la función jurisdiccional, permitir la celeridad en los procesos e incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de administración de justicia”.

Es evidente que nada de esto quieren los propietarios del diario La Prensa e incapaces de negar los avances del sistema de justicia, se lanzan desbocados, a contrapelo del sentir de la población beneficiada con estos cambios.

Rigurosos controles sanitarios en el CJCM para proteger a reos del Covid-19

Una serie de medidas sanitarias se están implementando rigurosamente en el Complejo Judicial Central Managua, para proteger la salud y vida de los privados de libertad que a diario ingresan a este edificio de justicia de la capital, aseguró el licenciado Armando José Hernández, responsable de la Oficina de Seguridad del CJCM.

“Antes de traer a los procesados a los juzgados, en cada distrito policial y en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, les toman la temperatura y los examinan en busca de síntomas sospechosos de Covid-19. De igual forma a los que tienen enfermedades crónicas, también se verifica que traigan sus medicamentos antes de hacer el viaje al complejo judicial”, explicó el licenciado Hernández.

El funcionario recordó que en caso de que un reo manifieste dificultades respiratorias o no se encuentre en condiciones óptimas de salud, no aborda el vehículo que lo trasladaría a los juzgados. “Ningún procesado con síntomas sospechosos puede subir a las salas de juicio”, afirmó el responsable de la Oficina de Seguridad del CJCM.

"Al llegar al complejo judicial nuevamente le tomamos la temperatura a los reos, en caso que en el trayecto hayan tenido algún aumento; antes de salir de las celdas preventivas se les orienta lavarse las manos con agua y jabón. Al subir a las salas de juicio, un oficial de seguridad les aplica alcohol en las manos y les toma la temperatura por última vez", informó el licenciado Hernández.

Adicional a estas medidas, se suma el uso obligatorio de las mascarillas para los reos cuando circulen por los pasillos del Complejo Judicial Central Managua y permanezcan en las salas de juicio. Además se implementa el distanciamiento físico entre los procesados y todas las partes presentes durante las audiencias y juicios.

Para garantizar las óptimas condiciones sanitarias, con periodicidad se realizan fumigaciones y desinfección con amonio cuaternario en las celdas preventivas, informó por su parte la licenciada Martha Herrera, delegada administrativa del CJCM.

En el mes de junio del corriente año, ingresaron al CJCM 1,595 procesados por diversos delitos: 1,045 provenientes del Sistema Penitenciario; 502 de los distintos distritos policiales de la capital y 48 de la cárcel de mujeres La Esperanza.