Escrito por Roberto Larios Meléndez
Las y los máximos representantes de las instituciones que
integran el sistema de administración de justicia, la Asamblea Nacional y los
ministerios encargados de aplicar las Políticas de Prevención de la Violencia,
sostuvieron este Lunes 11 de Agosto un movido intercambio en el que
compartieron información y armonizaron criterios sobre el Decreto 42-2014, que
reglamenta la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Ley 779.
El intercambio se
produjo durante un Seminario de Alto Nivel sobre la Politica del Estado de
Nicaragua para el Fortalecimiento de la Familia Nicaragüense y Prevención de la
Violencia, que estuvo encabezado por la presidenta de la Corte Suprema de
Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, la Ministra de la Familia licenciada
Marcia Ramírez Mercado; la directora general de la Policía Nacional, Primera
Comisionada Aminta Granera Sacasa y el jefe de la bancada sandinista en la
Asamblea Nacional, diputado Edwin Castro Rivera.
Junto a ellos coordinaron el encuentro la Fiscal General de
la República doctora Ana Julia Guido Ochoa; el Viceministro de Gobernación
doctor Carlos Najar Centeno; el diputado sandinista doctor Gustavo Porras, el
Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Marvin Aguilar García y
el magistrado del supremo tribunal doctor Rafael Solís Cerda.
El auditorio estaba compuesto por la Corte Suprema de
Justicia en pleno, todos los Comisionados General y Mayores de la Policía
Nacional, la Jefa de las Comisarías de la Mujer, la y los magistrados de la
Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
También se encontraban la Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional Iris Montenegro y las y los diputados José Figueroa, Alba Palacios,
Marta Marina González, Irma Dávila y Carlos Emilio López; las ministras de
Educación, Salud y de la Mujer, compañeras Miriam Raudez, Sonia Castro y Arlen
Patricia Vargas y el director y subdirector del Instituto de Medicina Legal
doctores Zacarías Duarte y Julio Espinoza, entre otros.
Se fortalece lucha
vs. violencia
Al cabo de cuatro horas de intercambio de información,
preguntas y respuestas, las y los participantes concluyeron que al incorporar
en el reglamento de la Ley 779 las Políticas de Estado Para la Prevención de la
Violencia, Nicaragua fortalece su posición de liderazgo regional en la lucha
contra este flagelo social y por los derechos humanos de las mujeres.
Las instituciones del sistema de justicia coincidieron en
que la restricción del delito de femicidio al que ocurra solo cuando exista una
relación interpersonal de pareja, no restringe el ámbito de aplicación de la
Ley 779, pues todos los demás delitos tipificados en la Ley Contra la Violencia
(sicológico, patrimonial, laboral, etcétera) quedan intactos y se seguirán
tramitando como hasta ahora. Los expositores recordaron, además, que el delito
de asesinato tiene una condena incluso mayor que la del femicidio.
El reglamento de la Ley 779 sustenta con identidad jurídica
las Políticas de Prevención de la Violencia, dijo la presidenta de la Corte Suprema
de Justicia Dra. Alba Luz Ramos Vanegas.
“La importancia de este encuentro ha sido el poder unificar
criterios; lo que se está tratando es privilegiar la prevención, la política de
Estado de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer”, dijo la presidenta de la
Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.
Las Políticas de Prevención de la Violencia, en cuya
elaboración han trabajado intensamente las instituciones del Estado, “están
elaboradas desde el año pasado; al incorporarlas ahora en el Reglamento de la
Ley 779, se les está dando una verdadera identidad jurídica”, manifestó la
presidenta de la CSJ.
Modelo Integral de
Prevención
La ministra de la Familia, licenciada Marcia Ramírez
Mercado, expuso el Modelo Integral de Prevención de la Violencia, el cual
incluye acciones de educación en valores, información, orientación y
consejerías.
Este modelo “fortalecerá las capacidades y habilidades de
las instituciones que trabajan en la atención de este fenómeno”, sostuvo la
licenciada Ramírez. Agregó que un elemento central en éste son las Consejerías
Comunitarias y Familiares, para lo cual el MIFAM ya se prepara intensamente a
poner en práctica, en coordinación con las pastorales familiares, líderes
religiosos y los gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, quienes a la vez se
articularán con las otras instituciones del Estado involucradas, como los
ministerios de Salud y Educación.
Por su parte el jefe de la Bancada Sandinista en el
parlamento, diputado Edwin Castro Rivera, explicó que la Política de Estado de
Fortalecimiento de la Familia y Prevención de la Violencia, coincide con la
inmediata entrada en vigencia del Código de la Familia, “que reúne y actualiza
en un solo cuerpo jurídico todas las leyes en esta materia, muchas de las
cuales ya estaban obsoletas”.
“En el código están organizadas de forma coherente y
armónica, lo que va a permitir acompañar los derechos de las familias con
instrumentos administrativos y jurídicos ágiles, modernos y gratuitos,
facilitando la resolución de los casos con rapidez y efectividad y restituyendo
los derechos de las familias nicaragüenses”, dijo el diputado Castro.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia doctor Rafael
Solís Cerda, manifestó a su vez que el reglamento de la Ley 779 no reforma este
cuerpo legal, sino únicamente desarrolla sus normas y establece criterios
claros para una mejor interpretación y aplicación de la ley, mientras al mismo
tiempo implementa políticas públicas y medidas estratégicas orientadas a
prevenir la violencia y a atender a las víctimas de esta.
El jefe de la Bancada Sandinista en la Asamblea Nacional,
diputado Edwin Castro Rivera, disertó ampliamente sobre el contenido del nuevo
Código de la Familia.
Luego de concluir las intervenciones de los cuatro
expositores, se abrió un período de preguntas y respuestas, en el que
participaron diversos actores de las instituciones convocadas, entre ellos los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia doctores Armando Juárez López y
Francisco Rosales Argüello, la presidenta de la Comisión de la Mujer de la
Asamblea Nacional diputada Marta Marina González y su colega parlamentario
Carlos Emilio López, así como la presidenta de la Sala Penal Especializada en Violencia
del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctora Ada Benicia Vanegas.
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