La Defensoría Pública de Nicaragua logró el año pasado,
sentencias judiciales en materia de familia que ordenaron el pago de 69
millones 587,713 córdobas, en concepto de pensiones alimenticias que benefician
a 12 mil 568 niños, niñas y adolescentes.
Los datos fueron proporcionados por la directora nacional de
esta institución del Poder Judicial doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera,
quien informó que durante el año 2019
también se logró restituir derechos laborales a 380 trabajadores que
solicitaron los servicios de la Defensoría Pública, con sentencias que
ordenaron el pago de prestaciones laborales por 2 millones 964 mil 219 córdobas.
“Hubo una mayor demanda en todos los servicios que prestamos
en todas las delegaciones. Estas cifras son para nosotros reconfortantes,
porque es a través de la Defensoría Pública que garantizamos el acceso a la
justicia, especialmente de las personas de escasos recursos económicos y en
estado de vulnerabilidad”, explicó la doctora Ibarra.
La funcionaria aseguró que esta dependencia del Poder
Judicial concluyó el año 2019, con datos
al 30 de noviembre, de 131,269 servicios de defensa pública, brindados a
personas de escasos recursos económicos y en estado de vulnerabilidad.
La doctora Ibarra destacó que de los 131 mil 269 servicios
brindados, 52,497 correspondieron a ingresos de casos que se judicializaron, de
los cuales 25,446 fueron casos penales, 19,230 de familia, 7,343 civiles y 478
laborales.
Sobre los casos civiles, la directora de la Defensoría
destacó que “este es un servicio que se brinda desde hace tres años, con la
entrada en vigencia del Código Procesal Civil y que ha tenido un rápido
crecimiento, puesto que se pasó de brindar, hace tres años, 203 servicios a más de 7 mil en todo el país y
con el mismo personal, en el año que recién terminó”.
La Defensoría también brinda servicios no jurisdiccionales,
que este año ascendieron a 79 mil 132, de los cuales 73,554 fueron asesorías
legales a las personas que se acercaron a las oficinas de la institución, en
cualquiera de los 137 municipios donde tiene cobertura permanente la
Defensoría; e incluso en aquellos municipios donde se brinda el servicio de
manera itinerante.
Además se realizaron 4,281 actos notariales y 1,297
mediaciones, evitando la judicialización de estos casos y ahorrando recursos al
Estado.
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