Los representantes del Sistema de Naciones Unidas en
Nicaragua, mostraron su total respaldo a la Ley Integral Contra la Violencia
Hacia a la Mujer (Ley 779) y reiteraron su apoyo en el proceso de
implementación y aplicación de la misma.
“Para nosotros no hay, en un análisis del texto legal,
ningún problema de inconstitucionalidad en la Ley 779. Para el sistema de
Naciones Unidas esta ley es muy importante, por lo que reiteramos nuestro apoyo
a la Corte Suprema de Justicia y al Estado de Nicaragua para su aplicación”,
aseguró el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Pablo Mandeville.
Asimismo afirmó que en los países en donde hay leyes como
estas, se contribuye a un cambio de comportamientos y de mentalidades, que es
fundamental para que ya no exista violencia contra las mujeres y que cuando se
den, no haya impunidad.
Mandeville explicó que el trabajo de Naciones Unidas en la
aplicación de la Ley 779, ha sido en el acompañamiento a las autoridades
responsables como la Fiscalía, la Policía Nacional y el Poder Judicial, a
través de capacitaciones. Pero en esta segunda fase, identificarán las
necesidades adicionales que se puedan presentar para responder y apoyar al
Gobierno de Nicaragua y a la CSJ.
“En este momento ya tenemos aprobado más de un millón de
dólares en el trabajo sobre la violencia contra la mujer y vamos a ver las
necesidades adicionales que se puedan ir presentando”, comunicó el
representante residente del PNUD.
Además, explicó que el apoyo por parte del Sistema de
Naciones Unidas, responderá a las solicitudes que la Comisión Nacional
Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer presente
próximamente y se hará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por su parte, la representante interina del Fondo de
Población para las Naciones Unidas (UNFPA), Mercedes Borrero, manifestó que la
Ley Integral Contra la Violencia Hacia a la Mujer es una respuesta del Estado
de Nicaragua frente a los compromisos suscritos en las Convenciones
Internacionales, que hacen un llamado a los gobiernos para la formulación de
iniciativas legislativas en contra de la violencia hacia la mujer.
“Una de las acciones que nosotros estamos haciendo es
apoyando la implementación de la Ley 779, en la medida de que es una respuesta
del Estado de Nicaragua a estos convenios internacionales y donde la ley se
enmarca perfectamente”, expresó Borrero.
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