El Servicio de Facilitadores
Judiciales del Poder Judicial que nació en el área rural hace diez años en la
época de conflictos post bélico, hoy son parte del ordenamiento jurídico
nacional, porque el Estado ha reconocido el excelente servicio que prestan de
acceso a la justicia a la población nicaragüense, expresó el magistrado Marvin
Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
El doctor Aguilar García dijo que
la figura jurídica del Facilitador Judicial está establecida en la Constitución
Política, en el Código Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y
en el Decreto 42-2014 que reglamentó la Ley Integral Contra la Violencia Hacia
Las Mujeres.
“El gobierno ha tomado en cuenta
a los Facilitadores Judiciales, porque han trabajado en la mediación y
prevención de los delitos menos graves”, dijo el magistrado vicepresidente.
“Los Facilitadores Judiciales
realizan mediaciones que permiten que haya paz y armonía en el país”, dijo el
funcionario.
“Un caso resuelto por los
Facilitadores Judiciales representa que ninguna de las partes gasta un córdoba
y las familias se van tranquilas y el Estado no gasta ni un córdoba en resolver
ese problema”, señaló el alto cargo judicial.
“Del 100 por ciento de los delitos que se cometen
en Nicaragua el 80 por ciento son ilícitos menos graves y esos tipos de
conductas la ley penal permite mediarlos, resarciendo el daño. Esa es la
función principal de los Facilitadores Judiciales”, aseguró.
“Este programa de Facilitadores
Judiciales es la expresión más pura del acceso a la justicia de los pobres que
no tienen para pagar los servicios de un abogado”, manifestó el jurista.
Agregó dijo que “los
Facilitadores Judiciales no tienen salario, ni seguro social. Es un servicio
voluntario y lo único que la Corte Suprema les da es la papelería y lapiceros
para llenar las actas de mediación que luego son registradas en el Libro de
Acta de los juzgado locales”.
El también catedrático de Derecho
Penal apuntó que estos líderes comunales “con el diálogo garantizan la
seguridad jurídica a los ciudadanos, recomendando a las partes que antes de
ejercer la acción penal deben agotar el trámite de mediación, porque lo que se
busca es la integración de la familia, puesto que una persona en prisión
desintegra el núcleo de la familia”.
El magistrado Aguilar García
destacó que “en Nicaragua el delito ha disminuido en un 27 por ciento, porque
hay trabajo preventivo que impulsa el Estado y los programas sociales se
convierten en un verdadero acceso a la
justicia. El gobierno está llevando los programas sociales a la comunidad y eso
permite vivir en paz, con un servicio anti pobreza como son los Facilitadores
Judiciales”.
“Los Facilitadores Judiciales han
descongestionados las causas en los Juzgados Locales, porque ellos están
mediando. Gracias a este servicio la retardación de la justicia es de 5.2 por
ciento y ningún país del mundo tiene ese retardo, puesto que los países vecinos
andan en un 60 o 80 por ciento de retardo de justicia. Ese dato se debe a la
prevención y a la mediación de los delitos que impulsa el gobierno de
Nicaragua”, explicó el doctor Aguilar García.
“Hace cinco años la Corte Suprema
de Justicia comenzó a nombrar
Facilitadores Judiciales en la ciudad y hoy tenemos casi 4 mil
facilitadores, dos mil en el campo y casi 2 mil en la ciudad, funcionando en
los barrios y en todos los mercados de la capital”, acotó.
“Los conflictos que surgen en los
mercados ya no van a la Policía, porque se resuelven en los mercados. Esto
significa un descongestionamiento judicial en los juzgados locales”, finalizó
el magistrado Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
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