lunes, 22 de septiembre de 2014

Facilitadores judiciales son parte del ordenamiento jurídico nacional

El Servicio de Facilitadores Judiciales del Poder Judicial que nació en el área rural hace diez años en la época de conflictos post bélico, hoy son parte del ordenamiento jurídico nacional, porque el Estado ha reconocido el excelente servicio que prestan de acceso a la justicia a la población nicaragüense, expresó el magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
El doctor Aguilar García dijo que la figura jurídica del Facilitador Judicial está establecida en la Constitución Política, en el Código Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Decreto 42-2014 que reglamentó la Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres.
“El gobierno ha tomado en cuenta a los Facilitadores Judiciales, porque han trabajado en la mediación y prevención de los delitos menos graves”, dijo el magistrado vicepresidente.
“Los Facilitadores Judiciales realizan mediaciones que permiten que haya paz y armonía en el país”, dijo el funcionario.
“Un caso resuelto por los Facilitadores Judiciales representa que ninguna de las partes gasta un córdoba y las familias se van tranquilas y el Estado no gasta ni un córdoba en resolver ese problema”, señaló el alto cargo judicial.
“Del  100 por ciento de los delitos que se cometen en Nicaragua el 80 por ciento son ilícitos menos graves y esos tipos de conductas la ley penal permite mediarlos, resarciendo el daño. Esa es la función principal de los Facilitadores Judiciales”, aseguró.
“Este programa de Facilitadores Judiciales es la expresión más pura del acceso a la justicia de los pobres que no tienen para pagar los servicios de un abogado”, manifestó el jurista.
Agregó dijo que “los Facilitadores Judiciales no tienen salario, ni seguro social. Es un servicio voluntario y lo único que la Corte Suprema les da es la papelería y lapiceros para llenar las actas de mediación que luego son registradas en el Libro de Acta de los juzgado locales”.
El también catedrático de Derecho Penal apuntó que estos líderes comunales “con el diálogo garantizan la seguridad jurídica a los ciudadanos, recomendando a las partes que antes de ejercer la acción penal deben agotar el trámite de mediación, porque lo que se busca es la integración de la familia, puesto que una persona en prisión desintegra el núcleo de la familia”.
El magistrado Aguilar García destacó que “en Nicaragua el delito ha disminuido en un 27 por ciento, porque hay trabajo preventivo que impulsa el Estado y los programas sociales se convierten  en un verdadero acceso a la justicia. El gobierno está llevando los programas sociales a la comunidad y eso permite vivir en paz, con un servicio anti pobreza como son los Facilitadores Judiciales”.
“Los Facilitadores Judiciales han descongestionados las causas en los Juzgados Locales, porque ellos están mediando. Gracias a este servicio la retardación de la justicia es de 5.2 por ciento y ningún país del mundo tiene ese retardo, puesto que los países vecinos andan en un 60 o 80 por ciento de retardo de justicia. Ese dato se debe a la prevención y a la mediación de los delitos que impulsa el gobierno de Nicaragua”, explicó el doctor Aguilar García.
“Hace cinco años la Corte Suprema de Justicia comenzó a nombrar  Facilitadores Judiciales en la ciudad y hoy tenemos casi 4 mil facilitadores, dos mil en el campo y casi 2 mil en la ciudad, funcionando en los barrios y en todos los mercados de la capital”, acotó.
“Los conflictos que surgen en los mercados ya no van a la Policía, porque se resuelven en los mercados. Esto significa un descongestionamiento judicial en los juzgados locales”, finalizó el magistrado Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.


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