Presidenta CSJ clausura jornada de prevención de la violencia

El Poder Judicial culminó este 26 de noviembre la jornada de prevención de la violencia sexual contra las mujeres, la niñez y la adolescencia, en conmemoración al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, hizo un amplio recuento de los esfuerzos del Poder Judicial en apoyo a la prevención de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, aseguró este 26 de Noviembre, al clausurar una jornada de prevención de la violencia sexual, que “no hay impunidad en el juzgamiento de estos delitos”.

Un estudio realizado en el Observatorio  Judicial de Violencia de Género, sobre las sentencias dictadas en primera instancia por los órganos judiciales especializados en violencia, durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018, indican que el 100% de los fallos sobre femicidio consumado, “declaran la culpabilidad del acusado, tras un proceso respetuoso de las garantías procesales”.

Con un actividad en la sede del supremo tribunal, en la que participaron la presidenta, el vicepresidente, las magistradas de la CSJ que presiden la Comisión de Género, magistrados y jueces penales de todo el país que conocen los delitos de Violencia, el Poder Judicial culminó este 26 de noviembre la jornada de prevención de la violencia sexual contra las mujeres, la niñez y la adolescencia, en conmemoración al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En sus palabras de clausura del evento, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, hizo un amplio recuento de los esfuerzos del Poder Judicial en apoyo a la prevención de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La presidenta, el vicepresidente y las magistradas de la CSJ que presiden la Comisión de Género del Poder Judicial, encabezaron el acto de clausura de la jornada de prevención de la violencia sexual contra las mujeres, la niñez y la adolescencia, en conmemoración al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Para ofrecer a las víctimas de violencia un servicio de justicia oportuno y de calidad, “se han simplificando los procesos penales, de familia y  civiles mediante la oralidad; contamos con una estrategia definida para incorporar la tecnología al sistema de gestión; se han fortalecido los servicios auxiliares, como la Defensoría Pública, la peritación en Medicina Legal y el fortalecimiento de los medios alternativos de solución de conflictos, los que garantizan mayor acceso a la justicia”, afirmó la doctora Ramos Vanegas.

Acercando la justicia

“Se otorgó competencia a los jueces locales penales, para que conozcan, tramiten y resuelvan delitos menos graves, entre ellos el incumplimiento de deberes alimentarios; hemos acercado el servicio a quienes estaban excluidas o excluidos; o a quienes lo hacían de manera muy limitada, en razón de las lejanías geográficas y altos costos para concurrir a los despachos judiciales”, agregó

Presidenta CSJ juramenta a nueva magistrada para la Costa Caribe Norte

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada  Alba Luz Ramos Vanegas, juramentó este 18 de noviembre a la doctora Edda Moreno Blanco, como nueva magistrada del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Costa Caribe Norte.La doctora Moreno Blanco se desempeñaba en el cargo de Juez de Ejecución y Embargos en Bilwi y fue promovida a la magistratura mediante el acuerdo número 106 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial CNACJ.

Al acto de toma de posesión asistieron los magistrados miembros del CNACJ, doctores Marvin Ramiro Aguilar García y Juana Méndez Pérez; el magistrado de la CSJ doctor Armando José Juárez López, coordinador de la Circunscripción Costa Caribe Norte y el doctor Rubén Montenegro Espinoza, secretario del máximo tribunal. 

La doctora Ramos Vanegas felicitó a la nueva magistrada y le manifestó esperar “que este cargo lo desempeñe a como está en el reglamento, siempre con amor a la patria y al servicio de la población”. 

Turnos en juzgados penales para evitar contagio de covid19

Para evitar la aglomeración de personas, desde el mes de noviembre se inició con la programación de las audiencias de los juzgados penales, la cual consistirá enalternar cada semana las audiencias con diligencias administrativas, informó la doctora Rosa Araceli Rubí Guerrero, coordinadora de la Oficina de Apoyo Procesal Penal de Primera Instancia del Complejo Judicial Central Managua.

“Iniciamos con los cinco juzgados de audiencias, en una semana dos de esos juzgados celebran audiencias y los otros tres realizarán diligencias, como proveer expedientes o elaborar sentencias”, explicó la doctora Rubí Guerrero.

El objetivo de la disposición es continuar garantizando las medidas contra el COVID-19 para proteger la salud de los trabajadores y usuarios que a diario visitan el Complejo Judicial Central de Managua, debido a que desde el mes de septiembre se ha registrado un incremento masivo de los usuarios en este edificio de justicia.

“Esta disposición garantiza el cumplimiento de las medidas sanitarias ordenadas por las autoridades superiores de la Corte Suprema de Justicia para prevenir el Covid-19 desde inicios de la pandemia y efectiva administración de justicia”, señaló la funcionaria del CJCM.

De acuerdo a las estadísticas de la Oficina de Seguridad del CJCM, se registra un ingreso de 1,600 usuarios a diario y sólo en los meses de septiembre y octubre ingresaron al edificio judicial un total de 58,324 personas.

“A partir del 20 de noviembre se anexarán los juzgados de juicio, locales penales, de Adolescentes y especializados en Violencia, debido a que ya tenían en agenda juicios programados y no se podían reprogramar”, precisó.

Capacitan sobre liderazgo y finanzas personales a trabajadores del CJCM

El licenciado Berman Martínez Martínez, secretario General Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, inauguró este 17 de noviembre un ciclo de capacitaciones sobre liderazgoy finanzas personales, dirigido a trabajadores administrativos y funcionarios del Complejo Judicial Central Managua.

“Nos hemos propuesto capacitar a 800 funcionarias y funcionarios de este complejo judicial sobre liderazgo, trabajo en equipo y finanzas personales. Las capacitaciones buscan orientarlos sobre el uso de sus finanzas, para evitarles problemas de estrés y puedan concentrarse mejor en el desempeño de su trabajo”, explicó el alto funcionario de la CSJ.

En la inauguración del taller denominado “Curso de Empoderamiento y Crecimiento Profesional”, el licenciado Martínez Martínez expresó su solidaridad con los pobladores de la Costa Caribe Norte afectados por el huracán Iota y destacó el esfuerzo para salvaguardar la vida de la población caribeña del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

“La capacitación está encaminada a cumplir el mandato de la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema Justicia, para fortalecer la modernización de la institución; es importante capacitar a los trabajadores, como los secretarios, que juegan un papel fundamental ya que reciben y tramitan los expedientes de las diferentes materias judiciales”, afirmó el licenciado Martínez.

El licenciado Sergio Lazo, director de Administración de Personal de la CSJ, dijo que “el objetivo de la capacitación es la persona, ya que si estamos bien interiormente podemos dar lo mejor de nosotros y tener un ambiente de trabajo más productivo, fraterno y solidario, logrando el crecimiento personal de cada trabajador”.

Agregó “necesitamos lograr un cambio de comportamiento en cada trabajador, para que mejore en la administración de sus finanzas personales y fortalezca su capacidad de trabajo en equipo”.

Las capacitaciones se impartirán de martes a viernes en grupos de 50 compañeros en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y se abordarán los dos temas, finalizando el 11 de diciembre.

Presidenta CSJ juramenta a nueva Oficial Notificadora.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, juramentó a la nueva Oficial Notificadora de este máximo tribunal doctora María Lourdes Aguirre Vargas, quien tomó posesión de su cargo mediante el acuerdo número 463.

La nueva funcionaria estará ubicada en la Oficina de Notificaciones del edificio número dos de la Corte Suprema.

En la juramentación estuvieron presentes los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, doctores Marvin Aguilar García  y Juana Méndez Pérez; la magistrada Yadira Centeno, presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo; y el Secretario de la CSJ, doctor Rubén Montenegro Espinoza

Presidenta CSJ visita nuevo edificio del máximo tribunal

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, visitó este 4 de Noviembre el nuevo edificio de la CSJ (donde antes funcionó la Tabacalera), en el que ahora están ubicadas la Oficina de Atención al Público, ORDICE, Secretaría de la Corte, Oficialía Mayor, Control de Notarios, Inspectoría Judicial, la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), y la Imprenta del Poder Judicial.La magistrada presidenta de la CSJ, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, ingresando al nuevo edificio, acompañada por el Secretario General Administrativo, Lic. Berman Martínez Martínez. La recibe el Ing. Héctor Ibarra, director de Gestión de Despachos Judiciales.

La presidenta de la CSJ visitó primero las oficinas de Atención al Público y de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), saludando a las usuarias y usuarios que ya estaban siendo atendidos cómodamente en el nuevo local.

Mientras recorría el edificio y conversaba con funcionarias y funcionarios, la magistrada Ramos explicó que el edificio ha sido remodelado completamente para albergar a las diferentes direcciones que antes estaban dispersas por la Corte, facilitar a los usuarios la rapidez en sus gestiones y brindar comodidad, tanto para los funcionarios judiciales como para el público visitante.

“Lo que estamos haciendo en este nuevo edificio es parte del avance de la modernización del Poder Judicial; todo lo que nosotros hacemos es para brindar un mejor servicio a la población y darle un mejor ambiente de trabajo a los funcionarios y trabajadores. Creo que quienes laboran en este nuevo edificio están en un ambiente más saludable y esperamos que den un mayor rendimiento en el trabajo”, manifestó.

Explicó que todas las dependencias que ahora atienden en el nuevo edificio, han sido equipadas con el sistema informático que respalda el nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, adecuado a la función administrativa; “es decir, estamos instalando el Sistema Nicarao en ambiente web, para que se ajuste al funcionamiento de todas estas oficinas”.

“Ese es el destino del Sistema Nicarao, pasar al ambiente web, que es lo más moderno y nos va a permitir que todas las mejoras que hagamos se puedan replicar inmediatamente, en todos los departamentos del país donde existe el Sistema Nicarao”.

La magistrada presidenta hizo un llamado a todos los trabajadores, para que “sepan conservar estas instalaciones, ya que estamos haciendo un esfuerzo por organizar mejor el trabajo que realizan”.

Nuevo edificio de la CSJ abre sus puertas

El nuevo edificio de la Corte Suprema ubicado en el costado oeste del edificio central (donde fue la tabacalera), abrió sus puertas hoy martes.

¨La idea es mejorar la atención al público, mejorar la eficiencia y el desempeño. No se trata solamente de trasladar unas oficinas, sino buscar la eficiencia, brindar una mejor atención y un mejor funcionamiento”, expresó el Lic. Berman Martínez Martínez, Secretario General Administrativo de la CSJ.

Este nuevo edificio alberga todas las direcciones de la Corte Suprema de Justicia que brindan atención a los usuarios: Secretaría, Oficialía Mayor, ORDICE, Inspectoría Judicial, Control de Notarios, y Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP).

El licenciado Berman Martínez Martínez, Secretario General Administrativo, en representación de la doctora Alba Luz Ramos Vanegas, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se reunió con los directores y responsables de áreas que funcionarán en el nuevo edificio y les manifestó que “esto es parte del proceso de modernización del Poder Judicial y por eso estamos concentrando en este nuevo edificio todos los servicios de atención al público”.
¨La idea es mejorar la atención al público, mejorar la eficiencia y el desempeño. No se trata solamente de trasladar unas oficinas, sino buscar la eficiencia, brindar una mejor atención y un mejor funcionamiento”, subrayó el alto funcionario administrativo.
El licenciado Martínez Martínez hizo un llamado a “trabajar en equipo, cooperar entre todos y trabajar con responsabilidad y eficiencia. Tenemos un reto y tenemos que asumirlo. Pongámonos la mano en la conciencia y pensemos positivamente alrededor de atender a nuestros usuarios como a nosotros nos gustaría que nos atiendan”.

“Debemos de trabajar en función de ese precepto donde lo que buscamos es la máxima eficiencia y con la participación de todos ustedes (directores y responsables de oficina) tenemos que llegar a esa meta”.
Reiteró que “estos es parte de la modernización. No se trata solo de trasladar personal, sino que perseguimos ser más eficientes de cara a los usuarios de los servicios del Poder Judicial. Se trata de mejorar la calidad en la atención y de medir los resultados de una buena gestión de atención al usuario”.
Por su parte, el secretario de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rubén Montenegro Espinoza manifestó que abrir las puertas de este nuevo edificio con todas las direcciones y oficinas que brindan atención al usuario “es perfecto, es magnífico. Es lo ideal para brindar un mejor servicio”.
El secretario de la Suprema Corte fue autocrítico y expresó que “el servicio que estábamos brindando en el otro edificio no era un buen servicio y tenemos que decirlo claramente”.
Es por eso, aseveró que “lo que estamos haciendo aquí es poner orden para brindar un mejor servicio a los usuarios, con la concepción que vamos atender a como nosotros quisiéramos que nos atendieran cuando hacemos nuestras propias gestiones en otras instituciones”.

Presidenta CSJ inaugura nueva Casa de Justicia en San Juan del Sur

 

El ambicioso programa de modernización que impulsa la Corte Suprema de Justicia desde el año 2010, retomó el camino iniciado  en el año 1991, cuando con apoyo de la cooperación internacional se lograron construir las primeras 123 casas de justicia en los municipios de todo el país.

“Con mucha satisfacción y orgullo, hoy estamos entregando esta obra al pueblo del municipio de San Juan del Sur, con el compromiso de seguir trabajando juntos, para honrar al Poder Judicial y a la administración de justicia”, manifestó la presidenta de la CSJ, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

La doctora Ramos hizo un breve relato sobre la historia de la transformación de la infraestructura física del Poder Judicial, iniciado en el año 1991, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Orlando Trejos Somarriba (Q.E.P.D) impulsó la realización en Managua de la primera Conferencia Internacional sobre Protección, Dignificación y Fortalecimiento del Poder Judicial.

“El país recién emergía de la guerra de los años 80 y eran años muy difíciles en todos los ámbitos. Empezaba un período de reconstrucción de la economía; sin embargo, el Poder Judicial no era una prioridad para el Estado, ya que recibía una asignación presupuestaria de menos del uno por ciento (0.29 %) del Presupuesto General de la República y las instalaciones físicas en su enorme mayoría eran totalmente ruinosas o inexistentes”, recordó la doctora Ramos Vanegas.

Agregó “aquí en el departamento de Rivas teníamos probablemente uno de los casos más emblemáticos: el juzgado local de Buenos Aires, funcionaba en la glorieta del parque, donde compartía el espacio con un barcito que estaba al lado, sin la más mínima condición para administrar justicia, en un estado lamentable que Gracias a Dios ahora ya es parte del pasado”.

123 Casas de Justicia

Con base a los acuerdos de la Conferencia Internacional –siguió relatando-- el 15 de Febrero de 1993 el Gobierno de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia, el PNUD y el Gobierno de Suecia, suscribieron el Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial, dirigido a mejorar las condiciones físicas de la administración de justicia en el nivel municipal.

Para la ejecución de este proyecto, entre 1992 y 1998, el gobierno de Suecia, a través de su agencia de cooperación internacional, otorgó un financiamiento de US$6.7 millones de dólares, que representó el 83 por ciento del costo total. Luego se unirían al esfuerzo otros gobiernos, como los de Italia y Holanda, hasta llegar a construirse entre 1992 y 1999, un total de 123 nuevas Casas de Justicia.

Posteriormente, en los años 2000, se inició la construcción de los primeros Complejos Judiciales Departamentales, en las cabeceras que también eran sedes de Tribunales de Apelaciones. Surgieron así los complejos de Granada, León, Matagalpa, Juigalpa, Estelí y Bilwi, continuó la presidenta de la CSJ.

 

“En el año 2010 asumimos la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y como ya contábamos con el apoyo del nuevo Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que había iniciado un franco período de crecimiento económico en el país, gracias al cual el Poder Judicial empezó a recibir completa su asignación del 4 % constitucional del Presupuesto General de la República, decidimos retomar el camino de la construcción de nueva infraestructura judicial”, afirmó.

Bajo la administración de la doctora Ramos Vanegas y en su gran mayoría con fondos propios del Poder Judicial, se han inaugurado hasta la fecha 36 nuevos edificios judiciales, entre ellos 8 complejos judiciales departamentales y remodelado y ampliado otros 6; 5 municipales, 5 para las instituciones auxiliares y 8 Casas de Justicia, entre otros.

“Desde el año 2010 hemos realizado constantes inversiones para adecuar las Casas de la Justicia a las nuevas leyes e iniciativas para modernizar la administración de justicia. Hemos tenido que habilitar Salas de Audiencia para los juicios orales y públicos; instalaciones adecuadas para los procesos de Familia y Violencia, y oficinas adicionales para los Defensores Públicos, Facilitadores Judiciales y Médicos Forenses”, explicó la presidenta de la CSJ.

“Con mucha satisfacción y orgullo, hoy estamos entregando esta obra al pueblo del municipio de San Juan del Sur, con el compromiso de seguir trabajando juntos, para honrar al Poder Judicial y a la administración de justicia”, concluyó.

La inauguración contó con la presencia de la magistrada de la CSJ, doctora Ileana Pérez López, coordinadora de la Circunscripción Sur; los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada; la Alcaldesa de San Juan del Sur y representantes de las instituciones del Estado en el departamento de Rivas.

 

Inauguran moderno Complejo Judicial en Carazo

Nicaragua||Autoridades de la Corte Suprema de Justicia, junto a las autoridades locales inauguraron el día de hoy el nuevo y moderno Complejo Judicial Departamental de Carazo.

En la inauguración participaron abogados litigantes que aplaudieron los esfuerzos que realiza el Poder Judicial para modernizar y propiciar ambientes dignos para promover una verdadera justicia.

#EnVictoriosaEsperanza

#PresupuestoConCorazon 

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El cuerpo de los niños, niñas y adolescentes no se toca”, afirma presidenta de la CSJ

Poder Judicial impulsa campaña mediática de prevención contra la violencia sexual.

“El cuerpo de los niños, niñas y adolescentes no se toca, es delito abusar sexualmente de ellos”, advirtió este 14 de octubre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, en el marco de la jornada de prevención de la violencia hacia las mujeres y la niñez que impulsa el Poder Judicial.

“Queremos sensibilizar a los padres, madres, hijos e hijas, sobre el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a jugar, cantar, estudiar y vivir en una familia y comunidad que previene la violencia sexual y no permitir que nadie los abuse o atente contra su vida”, expresó la presidenta de la CSJ, miembro de la comisión permanente de género y acceso a la justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, impulsora de estas campañas en todo el continente.
Agregó la doctora Ramos Vanegas que “los niños y niñas deben saber confiar en sus padres, pues son ellos y ellas quienes deben protegerlos en primer lugar contra la violencia sexual infantil. El cuerpo de los niños, niñas y adolescentes no se toca, es delito abusar sexualmente de ellos”.
El Poder Judicial, cumpliendo con los objetivos de la política de Igualdad de Género y asumiendo un papel activo en las transformaciones necesarias para que todas las personas estén en condiciones de desarrollar una vida laboral digna en igualdad de oportunidades y no discriminación, inició los conversatorios sobre el protocolo de prevención y atención contra el acoso sexual y laboral en este poder del Estado.
El protocolo deberá ser aplicado en todas las instancias del Poder Judicial para cualquier persona que labore en esta institución, independientemente de su cargo y jerarquía.

La Prensa sabotea inspección judicial

En un gesto de arrogancia y prepotencia, los propietarios del diario La Prensa impidieron la tarde de este miércoles 14 de octubre a la doctora Suhail Espinoza Martínez, Jueza Segundo de Distrito del Trabajo de Managua, continuar con la inspección judicial practicada como prueba anticipada, en la demanda que promueve el ex gerente de ese diario Hugo Holman Chamorro, contra los dueños de esa corporación mediática, que aglutina a las empresas Editorial La Prensa, S.A, Inversiones Mayales S.A., Brighton Place Inc. y Editorial La Prensa LLC.

La doctora Espinoza Martínez inició la inspección judicial a las once de la mañana de ese mismo día, pero luego de tres horas y media de pretextos e “idas y venidas” a la oficina donde estaban pendientes los dueños del consorcio, al final la abogada de La Prensa pidió a la jueza que se suspendiera temporalmente la inspección por “medidas de seguridad” de sus equipos informáticos y para “respaldar en la nube” el contenido de la computadora.

En un gesto de flexibilidad, la judicial aceptó el pedimento, acordando todas las partes que se continuaría con la inspección a las cinco de la tarde.

Cumpliendo con lo acordado, la jueza llegó puntual nuevamente a La Prensa, llevándose la sorpresa de que los dueños del diario ya no permitieron que se continuara con la evacuación de la prueba.

La abogada de la corporación mediática dijo a la jueza Espinoza Martínez que los propietarios del diario “no estaban de acuerdo con la solicitud en autos y en consecuencia se negaban a brindar la información”. Esto fue considerado por la judicial como “una falta a la buena fe y a la lealtad procesal, ya que no permitió concluir las diligencias”.

En relación a la diligencia practicada, la judicial aclaró que la prueba anticipada se justifica en la naturaleza misma de la prueba solicitada. “Y si se solicita la inspección y el peritaje de un equipo informático, por respeto a la parte demandada, yo no puedo mandar a confiscar las computadoras de La Prensa para que sean inspeccionadas en el juzgado”.

Además, aclaró, “yo no llegué a inspeccionar nada, quien practicó el peritaje es el ingeniero informático propuesto por la parte actora, quien en todo momento tuvo a su lado al informático de La Prensa; yo acompañé al perito para garantizar que se practicara la prueba y en claro cumplimiento del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo, que preceptúa el Principio de Inmediación, por el cual todas las pruebas en el juicio deben ser evacuadas en presencia del juez o jueza”.

Agregó que “es cierto que les notificamos el mismo día que se iba a practicar la prueba, lógicamente para evitar que manipularan el equipo que se iba a inspeccionar y borraran la información”.

El correo electrónico inspeccionado, “no le pertenece al diario La Prensa –como aseguran los dueños del consorcio mediático--; si le perteneciera a La Prensa diría “gerente general” o algo así, pero la cuenta está abierta a nombre de Hugo Hollman”, explicó finalmente la judicial.

Presidenta de CSJ recibe a nuevo embajador de Chile

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas recibió el 7 de octubre la visita del nuevo embajador de la República de Chile en Nicaragua, honorable señor Francisco Javier Sepúlveda Valenzuela.

El diplomático chileno, quien ejerce su cargo en nuestro país desde septiembre del corriente año, felicitó a la magistrada Ramos Vanegas “por su trayectoria y por el hecho de que una mujer sea la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es un honor y un logro para este país”.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, junto al embajador Chileno en Nicaragua, señor Francisco Javier Sepúlveda Valenzuela.

La presidenta de la CSJ hizo al diplomático un breve resumen sobre el estado de la administración de la justicia durante la pandemia del COVID19, indicando que a pesar de esta crisis los tribunales no se han paralizado.

También le explicó sobre el proceso de reformas y modernización, tanto de los cuerpos legales como de infraestructura física en todo el país. “Comenzamos a estudiar otros países, entre ellos el sistema chileno, para saber cómo funcionaba el sistema oral, los juzgados de audiencia, la Defensoría Pública y así comenzamos a crear especialidades”, dijo la magistrada Ramos.

La presidenta de la CSJ destacó el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, “que ha venido a agilizar la justicia nicaragüense, es una de las modernizaciones más exitosas”.

En cuanto a la modernización de la infraestructura, le explicó que “empezamos por hacer Casas de Justicia para que todos los municipios tengan una, luego construimos Tribunales de Apelaciones ubicados en las cabeceras de circunscripciones y en el 2010 iniciamos la edificación de los Complejos Judiciales en las cabeceras departamentales, pero también en municipios que tienen juzgados de distrito”.

El nuevo diplomático asistió a la Corte acompañado por la responsable para América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada Ana Carolina Quiñonez.

Por malintencionado, además de pensión deberá pagar alquiler de casa para su hija

Ante la separación de una pareja que durante su matrimonio procreó una niña, un juez de Familia ordenó mediante sentencia que además de la pensión de alimentos, el padre pague una cantidad extra de dinero para que la madre arriende una vivienda digna, después que el desconsiderado sujeto le cedió a una hermana de él los derechos de un terreno que compró para su ex cónyuge cuando ésta salió embarazada.

El juez cuarto de distrito de Familia, doctor José Ramón Barberena, ordenó que el demandado aporte 1,500 córdobas adicionales para que la niña viva en una casa digna junto a su madre.

El fallo judicial lo emitió el juez cuarto de distrito de Familia doctor José Ramón Barberena Ramírez, luego de tramitar la demanda de divorcio unilateral interpuesta por la joven madre contra su marido.

“Prefiere resolver los problemas de vivienda de su hermana que los de su hija que es una persona vulnerable; si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha ido sentando criterio de que en el concepto de alimentos del artículo 306 (del Código de Familia) van incluidos los gastos previsibles, entre ellos la habitación, en el presente caso lo que hizo el señor es despojar a su hija del medio adquirido para que pueda vivir con dignidad, lo que constituye violencia patrimonial contra su propia hija”, reza el fallo.

En el proceso, la mujer de 29 años pidió el cuido y crianza de la niña; el pago retroactivo de ocho meses de alimentos y el uso y habitación del inmueble que utilizaron como vivienda familiar, lo que el demandado objetó alegando que ya no tenía los derechos, ni el dominio ni la posesión de la propiedad, pues se la cedió a su hermana.

El juez Barberena Ramírez estableció que en 2014 el hombre contrajo matrimonio y suscribió un contrato de promesa de compraventa a plazos del terreno, lo que indica que su objetivo era tener un lugar donde formar y consolidar una familia. Sin embargo, en 2017 dejó de pagar las mensualidades, justo en la época en la que se compró una motocicleta del año y ya la relación conyugal no estaba funcionando.

Muchas veces cuando el amor acaba, la unidad y la protección familiar también desaparecen.

¿Coincidencia?

A inicios de este año, la urbanizadora requirió de pago al demandado, y “coincidentemente” éste cedió los derechos del lote de terreno a su hermana. “Si bien el terreno fue adquirido a nombre del señor…se debe considerar adquirido dentro del matrimonio, con la finalidad de compartir una vida en común…

“Cuando existen hijos, como en este caso, el principal propósito es que la hija de ambos tenga un techo donde vivir; sin embargo este prefirió ceder los derechos a su hermana (antes) que asegurar vivienda a su hija, tal actitud para este judicial es dolosa”, asegura la sentencia, que también subraya el hecho que el hombre realizó la cesión de derechos, cuando ya sabía de la existencia de la demanda de divorcio y la solicitud de uso y habitación del bien inmueble para la niña, interpuesta por su esposa.

Además sostiene que no puede ser posible que por efectos del divorcio se vaya a desmejorar el nivel de vida de la niña, quien no tiene culpa de las contradicciones que puedan tener sus progenitores.

Agrega que como la ley no lo faculta para afectar los bienes de terceros, no puede anular el traspaso que dolosamente hizo el demandado; sin embargo, sí puede ordenar que el padre aporte una cantidad extra de 1,500 córdobas, para que la señora demandante pueda arrendar una vivienda digna para vivir con su hija, ya que el demandado actuó a sabiendas de que la principal persona perjudicada sería su propia hija.

Al juez Barberena le llamaron la atención algunas expresiones del hombre, quien se jactó de que ahora hasta le sobran mil córdobas (de sus ingresos), pero advirtió que no se los entregaría a la madre de su hija pues “por su capricho los perdió”.

Al escucharlo, el judicial le preguntó que si estaba dispuesto a apoyar en el alquiler de una casa o aportar esos mil córdobas que le sobraban, a lo que el hombre respondió: “usted sabe que una casa no cuesta mil córdobas, no, yo también tengo mis deudas.

Trabajadores judiciales de Ciudad Sandino conmemoran 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización

 

25 trabajadores del Complejo Judicial de Ciudad Sandino, visitaron este 31 de agosto el Museo de la Cruzada Nacional de Alfabetización, que guarda la historia y memoria de esa hermosa labor educativa del pueblo nicaragüense.

El maestro Orlando Pineda, responsable de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, recibió a los trabajadores judiciales, a quienes expuso cómo fue el proceso de alfabetización, en el cual participaron alrededor de 60 mil personas.

Asimismo mostró algunas herramientas educativas, como cartillas, lápices y pizarras utilizadas por los alfabetizadores, quienes lograron disminuir el índice de analfabetismo del 50 al 12 por ciento.

El maestro Pineda dijo que “hemos alfabetizado en las lenguas existentes en la Costa Caribe”. Algunos de los trabajadores mostraron su interés ya que sus padres fueron alfabetizadores y no sabían que existía este museo, por eso volverán con sus familiares.

Capacitan a funcionarios para aplicar protocolo de actuación en delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes

 47 funcionarias y funcionarios del sistema de justicia culminaron este 21 de agosto el curso de actualización sobre el protocolo estandarizado de actuación judicial para procesos penales en delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, cuyo contenido vincula el quehacer judicial con las doctrinas, teorías, legislación nacional y sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos.

En el c

urso participaron magistrados, jueces, defensores públicos, abogados, oficiales de la Policía Nacional, fiscales, médicos forenses, funcionarios del Ministerio de la Familia, del Ministerio de Educación y de la Procuraduría General de la República, entre otros; todos ellos ligados al sistema de justicia y que tienen que ver con la atención y prevención de la violencia contra los menores de edad.
Durante el acto de graduación, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, explicó que el curso de actualización “es parte del mandato de  realizar capacitaciones permanentes en esta materia, con el que esperamos fortalezcan sus competencias a través del aprendizaje y los conocimientos adquiridos, para que apliquen eficazmente el protocolo estandarizado de actuación judicial para procesos penales en delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”.

Presidenta de CSJ entrega reconocimiento a representante de Unicef

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos entregó reconocimiento al representante de Unicef en Nicaragua señor Ivan Yerovi H por el constante apoyo que brindó a los proyectos del Poder Judicial en sus cuatro años de gestión en Nicaragua. La Dra. Alba Luz Ramos, Magistrada presidenta de la CSJ, concedió el reconocimiento durante la entrega de tres protocolos de actuación para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual que serán implementados por jueces, defensores públicos y médicos forenses de todo el país.

“Iván Yerovi H., representante de UNICEF, ha trabajado de la mano con nuestra Institución en proyectos que han contribuido al proceso de fortalecimiento de capacidades de jueces, psicólogas, facilitadores judiciales y profesionales del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, contribuyó con una meta muy importante del Plan Decenal del Poder Judicial, referida a que el 100 por ciento de los Juzgados Penales garanticen el acceso y tutela de los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas discapacitadas, poblaciones indígenas, grupos étnicos, afrodescendientes, personas en situación de vulnerabilidad, víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Esto contribuyó para que el personal atienda a las personas con calidad eficiencia y eficacia, pero sobre todo con calidez humana”, expresó en evento la Presidenta de la CSJ.

“Como Representante de UNICEF, siempre he puesto como prioridad el trabajo con el Poder Judicial, porque si como organización queremos incidir en la creación y mejoramientos de los mecanismos de protección de todo tipo de violencia para niños, niñas y adolescentes, es importante trabajar en el fortalecimiento de capacidades de las instituciones de todos los países”, enfatizó el señor Yerovi H.

Otro de los proyectos de cooperación que destacó la CSJ es que el Instituto de Medicina Legal ha recibido cooperación técnica y financiera dirigida al mejoramiento continuo de los servicios médico legal que se brindan a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como a la generación de datos y evidencias, lo que ha permitido implementar exitosamente el Modelo de Atención Médico Legal Integral.

Iván Yerovi H, concluye su misión en Nicaragua el 7 agosto de 2020 y asumirá la Representación de UNICEF en Angola, para continuar trabajando por un mundo mejor para cada niña y niño. Nota de prensa Unicef.

Presidenta de CSJ agradece apoyo a Unicef

Iván Yerovi H., representante de UNICEF, recibió un reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CJS) por el apoyo que brindó a los proyectos del Poder Judicial en sus cuatro años de gestión en Nicaragua. La Dra. Alba Luz Ramos, Magistrada presidenta de la CSJ, concedió el reconocimiento durante la entrega de tres protocolos de actuación para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual que serán implementados por jueces, defensores públicos y médicos forenses de todo el país.

Comerciante del Mercado Oriental orgullosa por ser facilitadora judicial

“Me gusta y enorgullece ser facilitadora judicial, porque ayudo a las personas, evito conflictos y cada día aprendo cosas nuevas; todo eso me hace sentirme feliz”, afirmó Karen Lisseth Rivera Aguilar, auxiliar de la justicia del Mercado Oriental en el programa radial del Poder Judicial “Una Hora con la Justicia”.

La joven facilitadora judicial compartió sus experiencias como auxiliar de la justicia del mercado capitalino y el apoyo que recibe de su familia, en especial de su esposo, quien es también facilitador judicial.

“Cuando aceptas ser facilitadora judicial lo hacés consiente, sabiendo que ocuparás tu tiempo de trabajo o con la familia para servir a tu comunidad. Mi esposo fue quien me motivó y animó al decirme: ´vos podes, quitáte el miedo y aprendé”, recordó Rivera Aguilar.

La facilitadora judicial del populoso centro de compras cuenta con 25 años de edad, cinco de ser auxiliar de la administración de la justicia y un año y medio realizando mediaciones en la delegación policial del Distrito Uno.

“Al inicio uno de mis temores era mi edad, que me fueran a faltar al respeto o no me tomaran en serio, pero si me eligieron es porque soy líder. Hoy me doy cuenta que mis miedos eran infundados y que mi trabajo ayuda a otros a encontrar paz”, dijo Karen Rivera.

La facilitadora estuvo acompañada por el doctor Jorge Edén Miranda Duarte, juez Local Civil de Ciudad Sandino, quien reconoció que “la vocación de servicio de Karen Rivera es una de las principales cualidades que deben tener los facilitadores judiciales, no solo por el tiempo que dedican, sino por la paciencia”.

“Llena de satisfacción ver cómo con amor y entrega trabajan los facilitadores judiciales en sus comunidades, esa vocación de servicio es la base del éxito. Cuando se realiza una mediación es un orgullo, porque representa el trabajo y esfuerzo del facilitador, quien logró que se abriera un canal pacífico y de entendimiento”, manifestó el judicial.

Al concluir su participación en el programa radial, la facilitadora instó a sus compañeros a seguir trabajando en pro de la paz y continuar preparándose para seguir ayudando a quien lo requiera.

“La edad y el nivel académico no son un obstáculo para ser un buen facilitador judicial, lo que se necesita son las ganas de querer aprender y sobre todo la disposición de querer ayudar a los demás”, expresó Rivera Aguilar.

Valores éticos y morales, estandarte de los abogados

Escrito por María Elsa Baca Suárez

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gerardo Arce Castaño, durante un acto de juramentación de 36 nuevos abogados y notarios afirmó que los valores éticos y morales deben ser el estandarte de quienes ejercen la profesión de abogacía.

“El día de hoy pasan a ser parte de la vida de justicia del país. Les exhorto a mantener un comportamiento ético en su vida laboral, dar ejemplo a la población nicaragüense en su intervención profesional manteniendo una actitud recta, proba y de pronta respuesta a las necesidades de quienes acuden a ustedes en busca de representación”, expresó.

Durante su discurso los instó a hacer uso de la Ley 983, Ley de Justicia Constitucional, que en su primer artículo establece que tiene como objeto regular los mecanismos de control aplicables a la justicia constitucional y como finalidad la protección de los derechos y garantías constitucionales a través de los Recursos de Exhibición Personal, Habeas Data y de Amparo.

Explicó que en dicha ley se estableció el control de constitucionalidad de normas a través del Recurso por Inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad en caso concreto y el Recurso de Inconstitucionalidad por Omisión; los conflictos constitucionales mediante el Conflicto de Competencia y Constitucionalidad entre Poderes del Estado, entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales, y el que exista entre el Gobierno Central y las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

Los órganos competentes de la justicia constitucional observarán la protección de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, y la plena eficacia de ésta. La justicia constitucional garantiza la supremacía constitucional y la protección de derechos y garantías constitucionales.

Explicó que en esta ley podemos observar “los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, el bien común, la libertad, igualdad, justicia y el respeto a la dignidad humana, que se constituyen como principios éticos que deben estar presentes en nuestra vida personal, nuestra carrera profesional y nuestro actuar diario como abogados y notarios”.

El magistrado Arce Castaño, que es miembro de las salas civil y contencioso administrativo del supremo tribunal, concluyó su intervención afirmando que “somos parte importante del ámbito de aplicación de la justicia constitucional al ejercer de forma correcta los procedimientos que dicha ley establece, siempre en pro de la defensa de los derechos de nuestros clientes y en general de nuestro pueblo que hace uso de nuestros servicios profesionales que pueden verse vulnerados o amenazados por las autoridades en sus casos”.

Padres separados logran consenso sobre educación de su hijo

Tuvo que transcurrir casi un año para que una pareja se pusiera de acuerdo en que lo mejor para su hijo de cinco años no era un colegio costoso, sino uno escogido por ambos padres de común acuerdo, conforme a las condiciones económicas de ambos.

Ante la jueza Noveno de Distrito de Familia, María de los Ángeles Soza, los jóvenes reconocieron que el salario que devengan actualmente “no se corresponde con la realidad económica actual”; sin embargo, la joven insistía en mantener al niño en el mismo centro educativo, pagando casi 1,500 dólares.

El conflicto entre J.D.M.M y la madre de su hijo alcanzó su nivel más crítico, cuando ahogado por lo que considera un gasto excesivo, el joven demandó la reforma de una sentencia emitida hace cinco años, para que a partir del 2021 la elección del colegio sea consensuada y los aranceles asumidos en partes iguales con la madre del niño.

Sin tomar en cuenta el punto de vista del padre, a finales del año pasado A.P.S.H. pre matriculó a su hijo en el segundo nivel de preescolar en un colegio privado, que en concepto de aranceles cobra alrededor de 1,500 dólares, gasto que el demandante tuvo que asumir.

Con el alegato de que está obligado a garantizar la educación y el aprendizaje de un oficio o profesión del niño, como establece el Código de Familia, A.P.S.H. acusó al demandante de querer evadir su responsabilidad paterna, por negarse a asumir el pago requerido por el colegio y de que causarle daño económico a ella y al niño, al pretender cambiarle el nivel de vida al que está acostumbrado.

Durante el proceso, el demandante planteó su desacuerdo con el pago del 50 por ciento de la mensualidad de su hijo equivalente a 75 dólares, así como la necesidad de elegir un colegio más económico, porque a ese paso “los gastos de primaria, secundaria y universidad serán elevados” y no podría enfrentarlos.

J.D.M.M. propuso elegir un colegio “más cómodo” para que su hijo estudie en el 2021, pero A.P.S.H. replicó que si se elegía otro colegio privado, él debía asumir el cien por ciento del pago, lo que fue rechazado por el demandante dado que espera a su segundo hijo y debe ayudar económicamente a sus padres, uno de los cuales sufre invalidez de por vida.

Invitación a dialogar

La judicial invitó a la pareja a llegar a un avenimiento tomando en cuenta sus propias realidades, de manera que al final los progenitores acordaron reformar el fallo judicial en lo relativo a que el pago del 50% de los gastos de matrícula, pre matrícula, aranceles, uniformes y útiles escolares al inicio de cada año lectivo será asumido por ambos, así como que la decisión sobre el centro educativo (público o privado) donde vayan a ingresarlo, será tomada por consenso y no de forma unilateral.

“Está científicamente comprobado que el diálogo es la mejor solución a los conflictos, pero cuando las personas no tenemos esa capacidad se desencadenan casos como estos; para matricular a un hijo en un colegio privado, los padres deben hablar, tratando de conciliar sus salarios y las circunstancias”, dijo la judicial a modo de reflexión.

Después de reconocer que “esto llegó hasta aquí por falta de diálogo”, la demandada propugnó porque debido a las circunstancias y “para que el niño tenga un mejor bienestar”, de ahora en adelante las decisiones sobre su hijo las tomará en consenso con el padre.

Para J.D.M.M, la falta de diálogo fue lo que falló desde el principio entre ambos y por eso, “me quedo con la reflexión hecha por la judicial, de transmitirle a mi hijo la importancia del diálogo”.

Aseguró que conoce gente que está peor que él, pero estudia en universidades costosísimas, por lo cual andan prestando a medio mundo. “¿Por qué no estudiar en una universidad pública y esforzarse para ser un buen profesional?”, interrogó.

El joven enfatizó en que su posición no debía interpretarse como tacañería. “Si a un hijo se le da más de lo que necesita se le mal acostumbra y tenemos que saber que lo importante es tenerlo bien en la medida de nuestras posibilidades; eso le servirá en su crecimiento, así, cuando sea grande sabrá que lo que tiene es porque se lo ganó”, dijo.

Ante el cambio de postura de las partes, que adoptaron acuerdos que no violentan el interés del niño, la jueza Soza declaró la clausura anticipada del proceso y aprobó los compromisos adquiridos, al tiempo que les recomendó entenderse y escuchar siempre al otro.

El proceso se llevó casi un año para su resolución, porque en su desarrollo se produjeron una serie de atrasos no atribuidos a la judicatura, que para cumplir con el debido proceso  debió reprogramar audiencias en varias ocasiones.

Divulgan convenio 190 de la OIT para incidir en eliminación de violencia y acoso laboral

La Central Sandinista de Trabajadores en conjunto con el Comité Nacional de Mujeres Sindicalistas y la Comisión de Género de la Maquila, la Federación de Trabajadoras Domésticas, entre otras organizaciones impulsa un proceso de divulgación del convenio 190 referido a la eliminación de la violencia y el acoso laboral.

Este convenio fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el mismo protege a personas trabajadoras, sean estos pasantes, voluntarios o empleados o despedidos.

“Con este convenio se pretende que se combata el acoso en un centro de trabajo, en los espacios públicos y privados donde se ejerza un trabajo, en los comedores, instalaciones sanitarias, vestidores o en otros lugares donde pueda darse esa práctica”, indicó Miguel Ruiz, presidente de la Central Sandinista de Trabajadores.

El convenio 190 busca impulsar políticas públicas pertinentes que aborden el tema, aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y acoso laboral, fortalecer los mecanismos ya existentes, y garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos que pudieran presentarse, explicó Pedro Ortega Méndez de la CST-José Benito Escobar.

Ruiz indicó que existe un consenso de parte de distintas organizaciones sindicales nicaragüenses para que divulgar el convenio 190 y que Nicaragua lo apruebe por medio de la Asamblea Nacional.

“Estamos trabajando por la ratificación de nuestro parlamento y del gobierno del convenio 190, que establece en lo fundamental el no acoso a los trabajadores y trabajadoras en el mundo del trabajo. Este es un convenio que ya fue aprobado por OIT en el 2019”, señaló el dirigente sindical.

Actualmente el convenio está siendo conocido por los trabajadores en América Latina y el Caribe, por lo que se espera que en los próximos meses sea aprobado por los gobiernos de cada país.

“Nicaragua voto en la Asamblea General de la OIT el año pasado y requerimos ahora que nuestro parlamento pueda ratificarlo. Eso también pasa por darle una explicación a los trabajadores en qué consiste este convenio y en qué beneficia o sanciona a empleadores o empresarios que violentan o acosan en los puestos de trabajo”, dijo Ruiz.

Hasta la fecha se ha divulgado el contenido del convenio en actividades propias de las centrales sindicales. Asimismo, se ha hecho incidencia en el Ministerio del Trabajo, la Cancillería, la Asamblea Nacional y se articulan esfuerzos con todas las organizaciones sindicales del país.

Las organizaciones sindicales hacen un llamado al Estado de Nicaragua, a la Empresa Privada y a los y las trabajadoras para que se logre la ratificación del Convenio 190. Esta herramienta jurídica compromete más a las sociedades para que se viva en un mundo sin violencia laboral.

Más de C$146 millones invierte la CSJ en 8 nuevas construcciones judiciales en 2020

El Poder Judicial de Nicaragua invertirá más de 146.5 millones de córdobas este año en la construcción de 8 nuevas obras de infraestructura en diversas partes del país, informó el licenciado Berman Martínez Martínez, Secretario General Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Este año 2020 los usuarios de la administración de justicia estrenarán complejos judiciales en Siuna, Masatepe, Carazo, San Juan del Sur y La Cruz de Río Grande. Al mismo tiempo, avanza la construcción de nuevos edificios registrales en Masaya, Matagalpa y Bluefields, más una ampliación en el complejo judicial de Estelí, que también incluye el Registro Público.
Los nuevos edificios registrales “fortalecen la Ley Creadora del Sistema Nacional de Registros (SINARE), con tecnología adecuada para implementar el nuevo Sistema Informático Integrado Catastro—Registro (SIICAR), que ha vuelto más ágil la tramitación”, afirmó el alto funcionario.
“Avanzamos hacia los culminación exitosa del Plan Estratégico Decenal 2012-2021; tenemos la satisfacción de que todas las cabeceras departamentales del país cuentan con nuevos complejos judiciales, al igual que varios municipios”, manifestó el licenciado Berman Martínez.
El Poder Judicial empezó el año 2020 estrenando el nuevo complejo judicial departamental de Carazo en Jinotepe, e iniciando la construcción del de Siuna, un proyecto de más de 1,100 metros cuadrados. Al igual que todos los ya construidos, incluye la planta física, tecnología adecuada al nuevo modelo de gestión de despachos judiciales y el mobiliario.

Caribe Sur
La ampliación del complejo judicial en Bluefields incluye la construcción de las clínicas del Instituto de Medicina Legal y la Defensoría Pública.
También la Casa de Justicia de San Juan del Sur, una construcción de más de 20 años de antigüedad y que por las características ambientales se deterioró rápidamente, ya está siendo reconstruida, con un avance del 65%.
Igualmente avanza la construcción del edificio del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Masaya, que fue incendiado en el año 2018. La ampliación aquí será de más de 543 metros cuadrados, e incluye la actualización de los componentes tecnológicos del Sistema Nicarao.
“Todos estos proyectos no solo brindarán mayor comodidad a los usuarios y al personal, sino también generarán mayor eficiencia a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, que es la razón de ser nuestra institución”, declaró el secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Recordó que “junto con los edificios, vamos implementando el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, que incluye la adopción de tecnología moderna, del sistema informático Nicarao y de nuevas redes de voz y datos”.

Las nuevas obras se ejecutan con fondos propios del Presupuesto General de la República, asignados al Poder Judicial.


En el Caribe Sur se remodelará la Casa de Justicia en La Cruz del Río Grande, mientras se avanza rápidamente en la construcción del nuevo Registro Público y el mantenimiento general integral a todos los juzgados de esta cabecera de la región autónoma, indicó el alto cargo administrativo.

Otro disparate del diario La Prensa

Obcecado en su campaña de descrédito contra el Poder Judicial, el diario La Prensa resucita un muerto y “desentierra” un Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de Abril de 2019, que amplía la competencia de los Juzgados de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria y los Juzgados de Adolescentes de Matagalpa y Jinotega, habilitándolos para resolver las apelaciones, recusaciones e inhibitorias provenientes de los Juzgados Locales Penales y Únicos de la circunscripción judicial norte.

A pesar de que en su vocación de transparencia el Poder Judicial hizo público este acuerdo hace un año, reacciona tardíamente acusando a la CSJ de “usurpar” las funciones del Legislativo y “reformar de facto” la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 164 inciso 1 de la Constitución Política establece como la primera atribución de la Corte Suprema “organizar y dirigir la administración de justicia”. Amparada en este artículo constitucional, la Corte ha realizado este tipo de actos administrativos desde siempre; es así que recientemente se eliminaron judicaturas civiles, se ampliaron las penales y el número de juzgados de Familia en la circunscripción Managua.

Estas decisiones jamás han sido cuestionadas, pues sería un completo disparate enviar iniciativas de ley a la Asamblea Nacional por cada acto administrativo de este tipo que la Corte realice en pleno uso de sus atribuciones constitucionales. No ha ocurrido así, por ejemplo, al crear juzgados especializados como los de Violencia y Familia, pues estos sí han sido creado mediante leyes específicas, como la Ley 779 y el Código de Familia.

Al igual que en los actos mencionados, la decisión de ampliar las facultades a estos tribunales --que también son juzgados penales de distrito--, esto está fundamentado en la necesidad de adecuar el funcionamiento de los tribunales a la carga laboral que administran, como claramente se señala en el acuerdo.

Los considerandos del Acuerdo 38 fundamentan estas decisiones en el objetivo de “fortalecer y mejorar los servicios, tomando en cuenta las necesidades de la población y facilitar el acceso a la justicia”.

Asimismo, “fortalecer la función jurisdiccional, permitir la celeridad en los procesos e incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de administración de justicia”.

Es evidente que nada de esto quieren los propietarios del diario La Prensa e incapaces de negar los avances del sistema de justicia, se lanzan desbocados, a contrapelo del sentir de la población beneficiada con estos cambios.

Rigurosos controles sanitarios en el CJCM para proteger a reos del Covid-19

Una serie de medidas sanitarias se están implementando rigurosamente en el Complejo Judicial Central Managua, para proteger la salud y vida de los privados de libertad que a diario ingresan a este edificio de justicia de la capital, aseguró el licenciado Armando José Hernández, responsable de la Oficina de Seguridad del CJCM.

“Antes de traer a los procesados a los juzgados, en cada distrito policial y en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, les toman la temperatura y los examinan en busca de síntomas sospechosos de Covid-19. De igual forma a los que tienen enfermedades crónicas, también se verifica que traigan sus medicamentos antes de hacer el viaje al complejo judicial”, explicó el licenciado Hernández.

El funcionario recordó que en caso de que un reo manifieste dificultades respiratorias o no se encuentre en condiciones óptimas de salud, no aborda el vehículo que lo trasladaría a los juzgados. “Ningún procesado con síntomas sospechosos puede subir a las salas de juicio”, afirmó el responsable de la Oficina de Seguridad del CJCM.

"Al llegar al complejo judicial nuevamente le tomamos la temperatura a los reos, en caso que en el trayecto hayan tenido algún aumento; antes de salir de las celdas preventivas se les orienta lavarse las manos con agua y jabón. Al subir a las salas de juicio, un oficial de seguridad les aplica alcohol en las manos y les toma la temperatura por última vez", informó el licenciado Hernández.

Adicional a estas medidas, se suma el uso obligatorio de las mascarillas para los reos cuando circulen por los pasillos del Complejo Judicial Central Managua y permanezcan en las salas de juicio. Además se implementa el distanciamiento físico entre los procesados y todas las partes presentes durante las audiencias y juicios.

Para garantizar las óptimas condiciones sanitarias, con periodicidad se realizan fumigaciones y desinfección con amonio cuaternario en las celdas preventivas, informó por su parte la licenciada Martha Herrera, delegada administrativa del CJCM.

En el mes de junio del corriente año, ingresaron al CJCM 1,595 procesados por diversos delitos: 1,045 provenientes del Sistema Penitenciario; 502 de los distintos distritos policiales de la capital y 48 de la cárcel de mujeres La Esperanza.

Manual de Prevención de Lavado de Dinero para abogados

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia, elaboró un modelo de Manual de Políticas de Medidas y Procedimientos de Prevención dirigido a los Abogados y Notarios Públicos, para mitigar los riesgos de ser instrumentalizados por el crimen organizado y promover una cultura de previsión ante los negocios jurídicos que el profesional autoriza.

La información fue brindada por la licenciada Adriana Obando Quezada, directora especifica de regulación y supervisión de la DGCIP.

El nuevo documento está disponible en la página web de la DGCIP, introduciendo la dirección www.poderjudicial.gob.ni e ingresando luego al sitio de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención.

La licenciada Obando Quezada agregó que cada abogado deberá descargar el material y adaptarlo a la función profesional y a las actividades del sector en donde presta sus servicios, cada vez que realiza alguna de las cinco actividades establecidas en la Recomendación 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como: compraventa de bienes inmuebles, administración de bienes y dinero, administración de activos de los clientes, creación de personas jurídicas, estructuras jurídica,  las contribuciones de las personas jurídicas y la administración de personas jurídicas.

“El objetivo del Manual de Prevención es que los abogados y notarios públicos de Nicaragua adquieran una cultura de prevención y proponer una mitigación a través de la adopción de medidas de debida diligencia del conocimiento del cliente, según la normativa del artículo número 9 (acuerdo 451), aprobado el 25 de septiembre del año 2019 por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial”, dijo la funcionaria.

La licenciada Obando Quezada manifestó que el manual “beneficiará a los abogados y notarios públicos, para que tengan una guía que incluye los aspectos fundamentales de la relación profesional con el cliente. Es decir, adaptarlo a sus funciones como profesionales del Derecho y evitar ser instrumentalizado por el crimen organizado, cuando realicen algunas de las cinco actividades establecidas en las recomendaciones del GAFI.

Enfatizó que “los riesgos siempre son permanente y este modelo de Manual es una herramienta de mitigación del riesgo que enfrentan los Abogados y Notarios Públicos”.

La funcionaria ejemplificó que si en un negocio jurídico el cliente está pagando en efectivo la cantidad de 100 mil dólares, se debe recomendar a su patrocinado depositar el dinero en un banco, que también es un sujeto obligado y presentar el voucher o minuta de pago al abogado, de esa manera los profesionales del Derecho están creando una cultura de prevención. 

Reiteró que “este instrumento de prevención constituye una guía que deberá ser adaptada por los abogados y notarios de conformidad con la actividad o servicio legal que realice, con estricto apego al artículo 10 de la normativa.

La licenciada Obando Quezada finalizó diciendo que la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención de la CSJ, registra hasta el día lunes 29  junio del año en curso la cantidad de 11,794 abogados y notarios públicos inscritos.  

Desmienten omisión de auxilio a abogada Yonarqui Martínez

Este viernes 19 de Junio, durante un juicio que se desarrollaba en la Sala 6 del Complejo Judicial Central Managua, en el cual se procesa a cinco ciudadanos por diversos delitos de orden público, la abogada Yonarqui Martínez sufrió un desvanecimiento (desmayo) en pleno juicio, por causa de sus enfermedades crónicas.

A pesar de que la abogada Martínez fue socorrida de inmediato por el Juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio, doctor Melvin Vargas y los oficiales de Seguridad que se encontraban presentes en la Sala, la fábrica de falsas noticias aprovechó el incidente para desatar una campaña más de mentiras y ataques contra el Poder Judicial.

El juicio inició a las 9:25 de la mañana y finalizó a la 1:25 de la tarde, tiempo durante el cual el judicial estableció tres recesos: uno a las 10:45, otro a las 11:24 y el tercero a la 1:10 pm. Durante los recesos, todas las partes presentes, incluyendo los procesados, fueron atendidos por las conserjes del complejo judicial, quienes le suministraron a todos, incluyendo los acusados, agua y café.

Al reanudarse el juicio a la 1:10 de la tarde, la abogada Yonarqui Martínez, quien se encontraba sentada en su silla, se desvaneció, se desmayó y cayó el suelo. El judicial Vargas y la fiscal Valeska López acudieron de inmediato en su ayuda, mientras los oficiales de seguridad trasladan a la sala una silla de ruedas y un tensiómetro, para tomarle la presión.

La abogada recupera el conocimiento y el judicial Melvin Vargas, la abogada defensora asistente de Martìnez María Oviedo y el supervisor de Seguridad Manuel Aguilar, logran sentarla en el piso; una vez que Yonarqui manifiesta que ya se siente mejor, se sube a la silla de ruedas y se le toma la presión (160/88). Martínez solicita a la abogada María Oviedo que le busque una pastilla (Enalapril) en su bolso, la que no fue encontrada; entonces el judicial autoriza a Oviedo a llamar por teléfono a su médico privado, pues la abogada Martínez se niega a ser trasladada a un centro hospitalario.

A la 1:40 pm se procedió a retirarla de la sala de juicio en la silla de ruedas que le facilitaron los oficiales de seguridad, bajando por el ascensor hasta la planta baja, acompañada por los abogados defensores asistentes María Oviedo y Evert Acevedo Villachica. Diez minutos después ingresó al complejo judicial un taxi llevando a la médico personal de Yonarqui Martínez, Dra.

Magda Alonso, quien le suministra una pastilla para la presión y otra para el estómago, pues Martínez le manifiesta que no había desayunado. A las 2:14 pm Martínez se retira del complejo judicial.

Foto que muestra el momento a la
abogada Yonarqui Martínez es trasladada
 en silla de ruedas por un oficial de seguridad

El judicial suspendió de inmediato el juicio por causa de fuerza mayor y lo reprogramó para el próximo 29 de Junio a las 9am.

Esto fue lo que en verdad sucedió. Nada que ver con las mentiras y noticias falsas que publicaron en sus redes sobre el hecho. A pesar de que fueron testigos presenciales de lo que verdaderamente sucedió, ni la propia abogada Yonarqui Martìnez, ni sus colegas defensores presentes en la sala, han tenido el mínimo de ética para desmentir los infundios y admitir que la abogada fue tratada de forma absolutamente humanitaria por el Poder Judicial.